Unas horas después del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el Gobierno envió al recinto el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Fue uno de los anuncios
que había hecho el viernes Mauricio Macri, junto con el pedido de aprobación del nuevo Código Penal, que aún no fue enviado.
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En los últimos veinte años, hubo 95 proyectos frustrados para establecer un nuevo cuerpo normativo referido a los delitos cometidos por adolescentes y niños.
El viernes a última hora el proyecto para bajar la edad de imputabilidad entró en Diputados, según publicó el sitio especializado El Parlamentario.
Según había dicho el mandatario frente a los legisladores, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, “es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad”.
Macri había explicado que “el proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes. Y, hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad”.
La norma tiene por objeto establecer la responsabilidad penal de los jóvenes de entre 15 y 18 años al momento de la comisión del hecho.
La norma se aplicará “al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales”, y a los mayores de 16 y menores de 18 que cometieren “un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal”, dice el texto según explicó El Parlamentario.
El objetivo del sistema de responsabilidad penal juvenil es “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral, interdisciplinario y restaurativo”, dice el proyecto.
La duración máxima del proceso penal estará fijada en cada ley procesal y no deberá exceder el término de tres años.
En cuanto a la privación de la libertad, el proyecto dice que será el “último recurso y por el plazo más breve posible”. Y no podrán ser alojados en dependencias de las fuerzas de seguridad o cárceles junto a presos mayores de edad.
Los procesos judiciales contra adolescentes no serán públicos, excepto que lo pida el adolescente, asesorado por abogados. Tampoco podrán publicarse los nombres, fotos o datos que permitan identificarlos..
El fiscal “podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los 10 años de prisión”.
Tres años de trabajo
El proyecto es producto de tres años de trabajo gestionados por el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, supervisado por el ministro de Justicia Germán Garavano y con la participación del espacio Justicia 2020, coordinado por Ricardo Gil Lavedra.
Para tratar la problemática el proyecto oficial dispone la creación de 280 equipos y el trabajo de 800 profesionales para atender cada caso. El costo total a nivel país le demandaría al Estado entre 15 y 20 millones de dólares. Mientras que el período de implementación tomará 7 años.