En su enésimo paso por los tribunales federales porteños par dar cuenta de acusaciones de corrupción bajo su gobierno, Cristina Kirchner volvió a rechazar esas imputaciones como parte de una supuesta
persecución política, ahora bajo la presentación de una película de cine con guión del fiscal Stornelli, la dirección del juez Bonadio y la producción general del presidente Mauricio Macri. Como chiste ya es bastante pobre, pero la enunciación no fue redactada para causar gracia: sin voluntad -¿ni pruebas?- para una defensa jurídica, la ex presidenta sólo le dio un nuevo ropaje a su conocida negativa a responder preguntas concretas sobre hechos específicos. Está en su derecho.
La primera señal de aquella supuesta enjundia en su contra habría sido la fecha elegida por Bonadio para citarla: 25 de febrero, cumpleaños de su fallecido esposo Néstor Kirchner. Pero vaya coincidencia: ese día también nació -salvando las oceánicas diferencias- el general José de San Martín, en las mesopotámicas tierras de Yapeyú. Y justamente una de las preguntas que Cristina podría haber respondido tiene que ver con el padre de la Patria: ¿Qué hacía una carta original del general a su colega chileno Bernardo O’Higgins en su casa de El Calafate? ¿Nunca preguntó ni quiso saber de dónde había salido ese documento histórico que ahora tenía en sus manos? Y ya que estamos, ¿por qué allí también se hallaron informes de inteligencia ilegales sobre el mismo juez Bonadio, Francisco De Narváez, la ex esposa del fiscal Nisman Sandra Arroyo Salgado, la minera Barrick Gold y la petrolera YPF, entre otros? ¿Tenía usted algún interés personal respecto a esas empresas?
Por el contrario, en una de las pocas menciones a los supuestos delitos en los que se la involucra, la ex presidenta asegura que “jamás tuve dolosamente en mi poder documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad competente”. ¿Entonces? No sabemos cómo y por qué el manuscrito de San Martín terminó en una despensa junto al lago Argentino.
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El recurso de “no sabía”, “no los conocía” o “no dependía de mí” salpica el resto el nuevo escrito de Cristina en la “causa pseudo judicial” de las “fotocopias”. Respecto a las supuestas coimas entre los concesionarios del servicio de trenes, afirma que “jamás ordené ni recibí ningún pago ilegal por parte de los concesionarios ferroviarios, con quienes además tampoco mantuve ningún tipo de relación personal o funcional”. ¿Tramoyas con la importación de gas licuado? “Se trata de transacciones en las que no tuve ningún tipo de intervención, ya sea directa o indirecta, y no existe un solo elemento de prueba que me vincule tan siquiera remotamente con estos hechos”. Puede ser, excepto por el detalle de que como presidenta de la Nación firmaba los decretos de compra, y supervisaba a los funcionarios de Planificación Federal que redactaban esos contratos, a quienes ella misma había nombrado y conocía desde tiempos inmemoriales en Santa Cruz.
La mención a los archiprobados vuelos de aviones oficiales sólo para llevarle los diarios del fin de semana a El Calafate o Río Gallegos, es más difícil de digerir: “jamás, ni Néstor Kirchner ni la suscripta utilizamos los bienes del Estado en nuestro propio provecho o fuera de lo que importaba el cumplimiento de funciones oficiales. Quien afirme lo contrario indudablemente miente”. En fin.
Más picante estuvo Cristina en su referencia a “los hombres de negocios que dieron a entender que fue nuestro gobierno el que les enseñó a cartelizarse en la obra pública y que pagaron sobornos por haber sido víctimas de coacción”. No es la historia lo que se juzga en esta causa, pero aquella afirmación tiene su razón.
Lo más sustancioso en el escrito que convalidó el defensor de la ex presidenta Carlos Beraldi es la oportuna referencia a las intervenciones del falso abogado Marcelo D’Alessio, casualmente procesado este mismo lunes por supuesta extorsión a un empresario en la causa de los cuadernos, aunque ni siquiera está mencionado en ese expediente.
La ex mandataria planteó que el 5 de noviembre del año pasado “se presentó ‘espontáneamente’ en la fiscalía de Stornelli el ahora no abogado y no experto en delitos complejos Marcelo D’Alessio, quien bajo juramento declaró ser abogado (algo que aparentemente no es), aportó documentos que supuestamente corroborarían el pago de sobreprecios en la importación de buques con gas licuado. Además, el falso abogado al que tanto crédito, por lo visto, le dieron Bonadío y Stornelli, lisa y llanamente me atribuyó haberme interesado en tal supuesto negocio, dando instrucciones para que el ENARSA aprobara unas pólizas de seguro que no habrían resultado convenientes en términos de costos y beneficios para dicha empresa”.
Buen golpe: en sus aún no contabilizadas trapisondas y antes de meter su cuchara en la causa de los cuadernos, D’Alessio había asomado la nariz en el expediente del gas licuado, que ya había tenido un freno con el descubrimiento de que la pericia oficial que calculó el supuesto perjuicio al Estado estaba mal hecha y tuvo que ser anulada y rehecha.
Ninguna de las posibles barbaridades que haya intentado o cometido el lenguaraz D’Alessio quitan una pizca de solidez y gravedad a los hechos que se describieron y se comprobaron tras la aparición de los cuadernos del chofer Centeno. Pero ofrecen una buena cantidad de barro para que Cristina vuelque sobre ese radioactivo expediente.