Lo hizo a través de la resolución 101/2019 del Ministerio de Hacienda publicada hoy en el Boletín Oficial.
Se fijó en esa cifra el límite máximo anual para afrontar las erogaciones que demanden las solicitudes interpuestas para los saldos acumulados que tengan como origen créditos fiscales, cuyo derecho a cómputo se hubiera generado durante el 2018.
Además, indicó que del total se asignará $ 6.000 millones al sector de transporte, $ 1.000 millones al de energía y $ 200 millones al resto de los sectores económicos en los que desarrollan actividades los sujetos comprendidos en el beneficio.
La Ley de Impuesto al Valor Agregado permite el recupero del saldo acumulado para aquellos sujetos que desarrollen actividades que califiquen como servicios públicos.
Esto se da en la medida que las tarifas que perciben se vean reducidas por el otorgamiento de sumas en concepto de subsidios, compensaciones tarifarias y fondos por asistencia económica, efectuados por parte del Estado en forma directa o a través de fideicomisos.
El recupero resulta procedente siempre que el referido saldo se encuentre originado en los créditos fiscales que se facturen por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes -excepto automóviles-, y por las locaciones de obras y servicios.
La resolución también determinó que el Ministerio de Transporte intervendrá en la aprobación de las solicitudes que interpongan los sujetos comprendidos en el sector.