Una pregunta fue cobrando fuerza entre calificados observadores del quehacer vaticano a medida que se acercaba la inédita cumbre convocada por el Papa para combatir los abusos sexuales cometidos por miembros
del clero: ¿Su resultado conformará en buena medida a los diversos grupos que nuclean a las víctimas? Y la respuesta que daban conllevaba invariablemente escepticismo porque la convocatoria del Papa tiene como principal objetivo crear una mayor conciencia en la Iglesia sobre la necesidad de afrontar el flagelo con gran decisión y cumplir los protocolos de actuación ante las denuncias dispuestos por Benedicto XVI y profundizados por Francisco. Y toda toma de mayor conciencia supone una respuesta cuya efectividad se verá con el tiempo.
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Pero las víctimas que participaron de la reunión de este lunes dijeron que quieren respuestas contundentes ya. “Queremos acciones inmediatas y contundentes porque el tiempo de las palabras pasó”, dijo el español Miguel Ángel Hurtado, tras el encuentro, al sintetizar ante la prensa el sentimiento del grupo de víctimas que, al drama del abuso, sumaron durante muchos años el dolor por comprobar que la Iglesia encubría a sus victimarios y a ellos los ignoraba o, en el mejor de los casos, ninguneaba. El chileno Juan Carlos Cruz, uno de los abusados por el sacerdote Fernando Karadima, fue más preciso: “Pedimos que se apliquen con rigor y rápido las leyes. Que se entreguen esos criminales a la justicia. No sólo a los que abusan, sino también a los que encubren”, puntualizó.
Tras la catarata de casos de abusos cometidos por miembros del clero en la arquidiócesis de Boston que, en 2002, reveló el diario Boston Globe, otros muchos se conocieron en los Estados Unidos y en otros países. Y quedó claro el repudiable mecanismo de la Iglesia de tapar los hechos y trasladar a sus victimarios a parroquias lejanas. Benedicto XVI definió un minucioso protocolo de actuación: denuncia del victimario a la Justicia, su suspensión en el ejercicio del ministerio sacerdotal, el inicio a este de un juicio canónico que, de ser hallado culpable, implica su expulsión del sacerdocio, asistencia a la víctima. Sin embargo, la propia Iglesia -con Francisco a la cabeza- cree que en muchos casos falta una efectiva aplicación, sea por complicidad, falso espíritu corporativo o simple ignorancia.
Uno de los aspectos clave es el comportamiento de los obispos, la autoridad directa sobre el sacerdote denunciado. Francisco dispuso en el derecho canónico (la legislación eclesiástica) que el obispo que no actúe como dictan las normas puede ser separado del cargo. Con todo, que ello se determine con claridad y a tiempo no es fácil porque el obispo depende directamente del Papa y, si bien al instancias que ejercen una supervisión (es imposible que un pontífice sepa qué hace cada uno de los 5.000 obispos), esa dependencia directa del jefe de la Iglesia facilita una discrecionalidad peligrosa.
De todas formas, si se echa un vistazo a la organización de la cumbre y a las declaraciones del comité organizador se tiene la impresión de que la Iglesia quiere tomar el toro por las astas después de tanto horror y de tanto pésimo proceder. El encuentro se abrirá con un video con el testimonio de cinco víctimas y cada una de las tres jornadas cerrará con otro testimonio presencial. Casi todo el encuentro se podrá seguir por internet. Más allá de que desde la crisis de 2002 las denuncias cayeron verticalmente, Francisco debe sacar a la Iglesia de este fango. En buena medida su pontificado se jugará por el resultado que obtenga. Las víctimas, como es lógico, serán implacables.
PB