Lázaro Báez pidió una vez más su excarcelación y en esta ocasión lo hizo junto a su hijo Martín, detenido desde la semana pasada por mover 5,5 millones de dólares violando
las medidas cautelares impuestas en una causa por lavado de dinero.
El empresario K sostuvo que sus conversaciones con sus defensores fueron “escuchadas por miembros de las fuerzas penitenciarias” y denunció que las reuniones podrían “estar siendo grabadas” de forma ilegal.
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Junto a su hijo Martín, el dueño del Grupo Austral pidió su libertad ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) quien tiene a cargo el juicio por la Ruta del Dinero K, donde la familia Báez está procesada por lavado de dinero. Hubo otro planteo que apuntó a conversaciones grabadas ilegalmente.
Lázaro Báez fundamentó el supuesto espionaje sobre su persona -y sobre su hijo Martín- en el caso de las acusaciones cruzadas entre el fiscal Stornelli y el abogado Marcelo D’Alessio, donde la diputada Elisa Carrió asegura haber recibido (de modo anónimo) escuchas del teléfono de la cárcel de Ezeiza a Roberto Baratta. Báez está detenido, precisamente, en ese penal.
La Coalición Cívica denunció que el caso responde a una “operación contra Stornelli armada por presos K”.
El punto señalado por Báez al referirse a este caso fue la utilización de una serie de escuchas realizadas en el penal de Ezeiza. Junto a la denuncia se entregaron transcripciones de escuchas telefónicas ”en las que se puede leer cómo Baratta le pregunta a un interlocutor -con el que se comunicó desde su lugar de encierro- varias veces en las últimas semanas”, indica el escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) al que accedió Clarín.
En este sentido, la defensa del empresario K presentó un Habeas Corpus de trámite ante la Justicia de Lomas de Zamora, e interpuso una denuncia por escuchas ilegales contra la máxima autoridad de la Nación, “quien paradójicamente estuvo procesado por este delito al momento de asumir como presidente”, plantea la denuncia.
Para Lázaro Báez quedó de manifiesto un “plan sistemático de persecución judicial que pesa sobre aquellos detenidos que están siendo investigados o juzgados en marcos de causas donde se investigan hechos de corrupción”.
Esta acusación la basan en el hecho que las escuchas que se adjuntaron a la denuncia de Carrió, se realizaron en los teléfonos públicos de la unidad 6, del Complejo Penitenciario de Ezeiza, “donde está alojado mi tutelado. Estas intervenciones realizadas -desde ya adelantamos, ilegalmente- que no permite sostener condiciones de detención donde se garanticen los derechos y garantías de mi tutelado, como ha de ser”.
El ex socio comercial de Cristina Kirchner se encuentra alojado en el mismo Pabellón que Baratta. En función de esto, la defensa indicó que cada vez que Báez se comunicó con sus abogados “esta conversación ha sido escuchada por miembros de las fuerzas penitenciarias, violando de esta forma el secreto profesional que me une con mi defendido, su derecho defensa en juicio, el principio de reserva y la inviolabilidad de las comunicaciones. Ninguno de ellos, se encuentra restringidos por la prisión preventiva a la cual se encuentra sometido mi pupilo procesal”.
Ponen en duda la seguridad de las comunicaciones de “todos aquellos imputados que han utilizado dicho teléfono”, señalando que en estas circunstancias las “condiciones de detención no están debidamente garantizadas, esta parte se cuestiona si dentro de esta unidad no se están grabando las entrevistas que los imputados tienen con sus defensores”.
PDL