Mientras se organiza una manifestación entre abogados para promover su destitución, el cuestionado juez federal Luis Rodríguez seguramente será objeto de discusión esta semana en la reunión plenaria del Consejo de
la Magistratura prevista para el jueves.
Si bien no hay prevista reunión de la comisión de Disciplina y Acusación, sí es probable que los consejeros resuelvan notificarlo de las nuevas denuncias en su contra a partir de lo que habría dicho Carolina Pochetti, uno de los detenidos en la causa de los cuadernos, sobre una millonaria coima a ese magistrado.
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Con la comisión abocada a la situación del juez federal correntino Carlos Soto Dávila, acusado de apañar a narcotraficantes e imputado en una causa penal en la Capital Federal, el plenario del Consejo sí podría tratar sobre tablas el caso de Rodríguez y resolver informarle sobre las nuevas denuncias ingresadas la semana pasada en su contra luego de conocerse el contenido de la declaración que dio Pochetti como arrepentida ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo.
En tanto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) podría resolver este lunes sumarse con una nueva denuncia e impulsa, además, una manifestación para el jueves 28 para exigirle al Consejo de la Magistratura que suspenda a Rodríguez de su cargo en caso de comprobarse la veracidad de las afirmaciones de Pochetti. Las versiones en Tribunales indican que ella habló de una coima de diez millones de dólares.
Pochetti es la viuda del histórico secretario privado del fallecido presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y habría dicho a los fiscales que su esposo le dijo que el abogado Miguel Plo, también detenido, le había informado del pago de una millonaria coima al juez Rodríguez para que los beneficiara en la causa que se les seguía por el presunto lavado de unos 73 millones de dólares a través de la compra de propiedades en los Estados Unidos.
Carolina Pochetti, viuda del secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz ingresando detenida a Comodoro Py. Foto Emmanuel Fernández
De acuerdo con los detractores del magistrado, su inacción en esa causa habría permitido la venta de esas propiedades -conocidas a través de los llamados Panamá Papers- y el movimiento del dinero que se presume originado en el cobro de coimas a empresarios contratistas de la obra pública durante el kirchnerismo, lo que es investigado por su colega Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Aunque se trate de una formalidad, ya que Rodríguez se enteró por la prensa de la acusación de Pochetti, los consejeros podrían resolver citarlo por el artículo 11 del reglamento del organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces. Esto no implica que Rodríguez deba ir personalmente al Consejo de la Magistratura sino que puede hacer un descargo espontáneo por escrito al ser notificado de las nuevas acusaciones en su contra.
Si la investigación avanza -recién está en la etapa inicial-, el juez federal señalado por la detenida Pochetti podría ser citado por el artículo 20 del reglamento del Consejo, lo cual equivale a un llamado a declaración indagatoria en una causa penal.
Rodríguez había sido denunciado en noviembre pasado por los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic y por el abogado Ricardo Monner Sans tras el fallo de la Cámara Federal que apartó al magistrado de la causa contra Muñoz.
Los legisladores y el profesional del derecho ampliaron el viernes pasado sus denuncias originales a partir de los dichos de Pochetti como “arrepentida” y pidieron al Consejo que solicite a Bonadio copia de la declaración de la mujer. Este último magistrado aún no homologó el acuerdo alcanzado por la Fiscalía con Pochetti, recordaron fuentes judiciales.
Pero a los legisladores y Monner Sans, el mismo viernes se sumó a ellos la diputada oficialista que integra el Consejo desde fines del año pasado, la radical riojana Inés Brizuela y Doria, quien le pidió a su par Miguel Pichetto (consejero-senador por la oposición), que se cite a declarar a la propia Pochetti.
Las dos denuncias originales contra Rodríguez como sus respectivas ampliaciones tramitan por separado y los consejeros instructores de las mismas son el representante de los académicos, Diego Molea, y uno de los tres representantes de los jueces, Juan Manuel Culotta. Brizuela le pidió formalmente a Pichetto que todo se unifique en un solo expediente.