Como respuesta al pedido de Cristina Kirchner para que se postergue el inicio del juicio oral de la causa conocida como “Vialidad”, el fiscal de juicio Diego Luciani le pidió al tribunal de enjuiciamiento que este sea rechazado y que el juicio comience tal como estaba previsto, el 26 de febrero a las 12 horas.
Se trata de la causa donde se investigan las irregularidades en la adjudicación de obras públicas a la firma Austral Construcciones, de Lázaro Báez, quien también se encuentra procesado y deberá enfrentar el juicio oral.
La expresidenta había solicitado, a través de su defensor Carlos Beraldi, que se postergue el inicio del juicio porque aún resta que se termine de realizar un peritaje a cargo del Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema. Según el planteo, no se encuentra reunida toda la prueba necesaria. El Tribunal Oral Federal N 5, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara, deberá definir en las próximas horas si concede postergar el inicio de la audiencia, y consultó a los contadores de la Corte por los plazos para finalizar el peritaje. Si los plazos son “razonables”, el juicio comenzará en tiempo y forma.
Según el dictamen emitido por el fiscal Luciani, al que accedió LA NACION, la presentación de la defensa de Cristina resulta “un mero intento por lograr la dilación del inicio de la audiencia de debate que, evidentemente, considera contraria a sus intereses, pero que carece de algún tipo de sustento legal que pudiere resultar atendible”.
Además, el fiscal considera que “la parte no ha demostrado de qué manera el inicio de la audiencia habrá de menoscabar en concreto su derecho de defensa, de qué defensas o facultades se verá privada o de qué modo en particular”, es decir que no se especificó de qué manera podría verse perjudicado el derecho a la defensa de la expresidenta en caso de que comenzara el juicio el 26 de febrero.
“El planteo solo trasluce la disconformidad de la parte con el inicio de la audiencia de debate, pero no se basa en la existencia de verdaderas razones que den sustento a la afirmación de que se encuentra en jaque el debido proceso legal”, agrega el fiscal.
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