Elisa Carrió y su partido, la Coalición Cívica, reclamaron este martes a la Inspección General de Justicia (IGJ) la inmediata anulación de una resolución que, señalan, relajó los controles a
las sociedades off shore en la Argentina.
“No es una adecuada política regulatoria permitir la actuación o disminuir los controles administrativos a las sociedades off shore”, afirmaron en un comunicado, en el que blanquearon la situación que llevaba meses de negociaciones puertas adentro en la Casa Rosada.
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La CC-ARI fue tajante: “Cuando no existen los controles suficientes, la reclamada libertad societaria y de contratación que solicitan los operadores económicos, puede tergiversarse o utilizarse en forma ilícita derivando en corrupción, lavado de dinero o cualquier otro delito”.
Los “lilitos” denuncian que a través de la resolución 6/2018, que entró en vigor el 29 de agosto pasado, se modificó otra resolución, la 7/2015 Anexo “A”, que regulaba las sociedades constituidas en el extranjero, eliminando tres exigencias esenciales para la lucha contra el lavado de dinero:
1. La sociedad no tiene vedada o restringida su actuación en el Estado de constitución, registro o incorporación,.
2. Que el asiento principal de sus negocios o el centro de su dirección se encuentran fuera del país.
3. La individualización de los socios.
“Obviamente, estos requisitos implicaban un contralor más rápido y eficiente de la autoridad de aplicación y evitaban cualquier ocultamiento acerca de la identidad de los socios”, sostuvo Mariana Zuvic, vicepresidente de la CC-ARI, quien dijo que la decisión de la IGJ fue “totalmente” inconsulta y que perjudica el accionar de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici.
La IGJ depende del ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano.
Según explican, la modificación eliminó la facultad de la IGJ de no inscribir a sociedades provenientes de paraísos fiscales y también se removieron las definiciones de “empresas off shore” y de “jurisdicciones off shore”.
“El artículo 217 modificado, aplicable a las sociedades provenientes de países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal o no colaboradoras en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, contempla que la IGJ apreciará con criterio restrictivo el cumplimiento de los requisitos de inscripción de las sociedades off shore”, explica la CC-ARI.
“Esta medida parece haber dejado una puerta abierta para que la IGJ pueda negarse a la inscripción de sociedades cuando provengan de jurisdicciones que facilitan el lavado de activos y la financiación del terrorismo, caso aplicable a algunas sociedades off shore. Pero no resulta clara su verdadera finalidad, puesto que se remite al cumplimiento de los requisitos del artículo 206, en el que todos aquellos atinentes a la acreditación de actividad en el extranjero fueron derogados”, agrega.
“Pareciera que la IGJ se reservara la posibilidad de analizar la situación en determinados casos, pero no como una exigencia que deba cumplir obligatoriamente la sociedad extranjera para solicitar la inscripción”, profundiza el partido de Carrió.
El tema off shore siempre fue una cuestión delicada en la gestión de Cambiemos, sobre todo tras la aparición del presidente Mauricio Macri y algunos funcionarios en los Panamá Papers y en los Paradise Papers, dos filtraciones periodísticas sobre empresas y fondos radicados en paraísos fiscales.
Ahora, los cambios en los controles para evitar el ingreso de fondos de origen espurio encienden una nueva interna en la mesa judicial del Gobierno. En rigor, la pelea no es nueva. Hace meses ya, según dejó trascender la Coalición Cívica, se viene discutiendo un cambio en los controles de la IGJ a las off shore.
Según supo Clarín, el titular de la UIF, Mariano Federici, junto a Fernando Sánchez, lilito de paladar negro y funcionario en Casa Rosada; Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico; y Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete al tanto de todo, fueron algunos de los funcionarios que debatieron la necesidad de anular la resolución. Se llegó a un acuerdo para hacerlo. Sin embargo no hubo movimientos, por eso la reacción de la CC-ARI.
Según dejaron trascender cerca de Carrió, en la IGJ le dijeron que no se los autorizaba a avanzar con ningún tipo de cambio. El organismo depende del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular es Germán Garavano, con quien la diputada y líder oficialista tiene un enfrentamiento de larga data y público.
Por esa razón, Lilita ve la sombra del presidente de Boca, Daniel Angelici, uno de sus enemigos íntimos dentro del armado de Cambiemos, detrás de ese parate llamativo.
“Los cambios producidos eliminaron la obligación de informar no solo quién es el último beneficiario final (persona física que ejerce el control real), sino también quien es el accionista inscripto del socio extranjero. Incluso permitieron que pueda ser socio extranjero de una sociedad argentina otra proveniente de jurisdicción off shore calificada como ´no cooperante´, situación que antes estaba prohibida, tal como lo exigen los estándares internacionales”, denuncia la CC-ARI.
“La vigencia actual de la norma modificada no solamente nos expone a la vulnerabilidad de ser utilizados para lavar y esconder activos provenientes del delito, sino que nos impide como país brindar cooperación internacional eficaz a otros; es decir que expone también a otros países”, dicen.