El ministro de Justicia y Seguridad Pública del Brasil, Sergio Moro, presentó su plan para atacar la corrupción, el crimen organizado y los delitos violentos, una de las principales
promesas de campaña del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Los 3 flagelos “están relacionados”, dijo Moro, que fue el juez de Lava Jato, el famoso y gigantesco caso de corrupción que llevó a la cárcel al expresidente Lula da Silva.
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“El crimen organizado usa la corrupción para obtener la impunidad y está vinculado a buena parte de los homicidios”, explicó en una rueda de prensa en Brasilia.
En 2017 hubo cerca de 64.000 homicidios en Brasil.
Moro presentó su plan. (AFP)
El proyecto de ley que será enviado al Congreso busca modificar más de una decena de normas.
Uno de sus puntos más polémicos es el que respalda la actuación de policías en situación de “legítima defensa”.
Bolsonaro mandó un mensaje a los legisladores desde el hospital, donde convalece tras una operación abdominal consecuencia de la puñalada que sufrió durante un acto de campaña.
Marcó el mandatario la ruptura con un pasado bajo gobiernos que fueron “tímidos en la protección de la víctima y efusivos en la victimización social del criminal”.
“¡Eso se acabó! El gobierno brasileño le declara la guerra al crimen organizado. Guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate“, afirmó el exmilitar de 63 años, que asumió el 1 de enero.
A Moro lo ven dentro y fuera de Brasil como un sinónimo de la lucha anticorrupción. Entre 2014 y 2018 condujo la operación Lava Jato, que develó una gigantesca trama de desvíos de dinero público orquestada entre políticos, empresarios y funcionarios de la petrolera estatal Petrobras, un escándalo que tuvo ramificaciones en el resto de América Latina a través del caso Odebrecht.
“Jamás entraría en política”, había asegurado Moro cuando era magistrado. Sin embargo terminó aceptando la propuesta de Bolsonaro.
Ahora como ministro pretende dejar grabada en la ley una de las banderas de su gestión como juez: el encarcelamiento de condenados en segunda instancia sin necesidad de que se agoten los recursos judiciales ante tribunales superiores.
Dice que se trata de un cambio fundamental para combatir la impunidad y evitar que los delincuentes de “cuello blanco” se beneficien con la lentitud del sistema judicial.
Actualmente la Corte Suprema permite que la prisión comience a ejecutarse tras la condena en segunda instancia, aunque debe ordenarla cada tribunal.
La cuestión debe ser tratada otra vez en abril próximo por el Supremo Tribunal Federal (STF). Un cambio de posición podría dar libertad a numerosos condenados, incluyendo a Lula, que purga desde una pena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El saludo de Bolsonaro y Moro, cuando asumieron funciones. (AFP)
Otra medida planteada por Moro transforma en delito penal la financiación ilegal de campañas electorales (“Caja 2”), una práctica muy común en la política brasileña. Hoy es apenas un delito electoral.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, la prioridad del gobierno es “sacar a los delincuentes de las calles” para reducir los homicidios.
La idea es encerrar en cárceles de máxima seguridad a dirigentes de organizaciones narco y privar a sus miembros de los beneficios que existen actualmente para reducir penas.
Inspirado en la legislación italiana contra las mafias, Moro propone incluir en el texto de la ley a las principales facciones criminales, como el Primer Comando de la Capital (PCC, con base en San Pablo) y el Comando Vermelho (“rojo”, cuyo bastión está en Río de Janeiro), más las milicias parapoliciales que controlan e imponen su ley en numerosas favelas.
En relación con la superpoblación de las cárceles, controladas por las facciones, el ministro afirmó es un asunto que será abordado de forma separada y defendió la “ampliación de inversiones” para aumentar los cupos.
Varios gobernadores estuvieron en la presentación de Moro. (Reuters)
Otro punto del proyecto define como “legítima defensa” la intervención de un policía que, “en conflicto armado o en riesgo de conflicto armado inminente, previene una agresión injusta en su contra o contra terceros“. Y establece que el juez puede reducirle el castigo o eximirlo si identifica un exceso producto del “miedo, sorpresa o emoción violenta”.
“Estamos dejando claro que determinadas situaciones cotidianas configuran legítima defensa. Ya se hace en la práctica”, alegó Moro.
Negó que represente una carta blanca para que los policías den ejecución sumaria a presuntos delincuentes: “No, no es una licencia para matar. Quien diga eso está equivocado”.
Añadió Sergio Moro: “La policía no precisa esperar a que le disparen para actuar. El conflicto armado entre policías y delincuentes no es una estrategia de seguridad pública recomendable“.
Fuentes: AFP, Reuters.