En el fallo, las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá también accedieron a los recursos planteados con el mismo objetivo por las defensas de los procesados
En este caso se investiga la responsabilidad judicial que Ayala tuvo en 2014 cuando era intendente de Resistencia y decidió contratar a la empresa Pimp SA para la recolección de residuos, sospechosa de haber sido utilizada para lavar dinero y cometer otros delitos que investiga la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.
Las juezas Denogens y Alcalá explicaron que las defensas de procesados y detenidos alegaron “la violación de garantías constitucionales y la arbitrariedad de lo decidido por este tribunal con base normativa y jurisprudencial que estiman atinente al caso, en resguardo del derecho de defensa”.
