La Dirección Nacional de Migraciones, mediante la disposición 520, estableció el “Programa de Asistencia a Emigrantes Venezolanos” con “una mesa de trabajo junto a los organismos gubernamentales
El objetivo es “proyectar su volumen, identificar necesidades y articular respuestas adecuadas a la situación de movilidad” de los venezolanos.
En los considerandos de la medida, se recuerda que según el Informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de septiembre de 2018, en los últimos años Venezuela “ha visto aumentar el número de personas venezolanas migrantes de 700.000 a 2.600.000, entre el año 2015 y el año 2018, habiendo migrado a países de América del Sur más de 1.800.000 de sus nacionales”.
Además cita un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundido en 2018 que da cuenta “de la compleja crisis política, económica, social y humanitaria que afecta” al país sudamericano.
También señala que la Organización de Estados Americanos (OEA) a mediados del año pasado, “reitera que ha ocurrido una alteración del orden constitucional de Venezuela, urgiendo a su gobierno a dar pasos para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales” y toma en cuenta una nota del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que insta a los Estados a adoptar medidas adecuadas “que puedan ofrecer acceso a la residencia legal y un tratamiento estándar similar a la protección internacional” a los emigrantes.
Por último, la resolución destaca que Argentina “ha sido históricamente un país abierto a la migración y sensible a aquellas personas necesitadas de protección internacional” y que “en los últimos años el ingreso de ciudadanos venezolanos con la intención de residir en el país ha ido aumentando exponencialmente, resultando conveniente adoptar algunas medidas que contribuyan a encontrar respuestas a distintas dificultades que aquejan a dicha población”.