El Gobierno amplió el Sistema de Protección Administrativa del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que quieran realizar denuncias y favorecer el combate a la corrupción y la
complicidad con el crimen organizado.
Este sistema, conocido por sus siglas SPAPFS, incorpora la figura de violencia institucional y violencia de género, que no estaban en la normativa anterior. Pero también amplía y moderniza el marco en el que se hace la denuncia.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
El artículo 1 de la resolución 59/2019, publicada este martes en el Boletín Oficial, afirma que de ahora en más se promueve la “denuncia, investigación y sanción de ilícitos y actos irregulares por parte de efectivos” de todas las fuerzas. Este es el artículo que crea el Sistema de Protección Administrativa del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, dentro de la órbita de la cartera que maneja Patricia Bullrich.
Desde que comenzó su gestión, Bullrich ha iniciado una política de protección de los efectivos, no sólo durante la actuación ante el combate al delito, sino también ante el propio personal de la fuerza.
El artículo 3 detalla que este nuevo sistema funcionará a “fin de garantizar el desarrollo profesional y la integridad” del personal de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero “no comprenderá la protección física del denunciante”.
Habrá para ellos un cuerpo de profesionales y psicólogos que los contengan. Pero establece ciertas normas: por ejemplo, que las denuncias que se hagan no podrán ser anónimas.
Carlos Manfroni, director de investigaciones internas del Ministerio de Seguridad, un área que ya existía puesto ya había normativa para las denuncias sobre casos de corrupción, contó que hoy el 90% de las denuncias que existen son dentro de las mismas fuerzas. Y que el nuevo sistema seguramente va a facilitar muchas más, ya que son los efectivos los mismos que conocen lo que ocurre adentro.
Muchas veces ocurre que los mismos efectivos no denuncian para no “manchar” a las fuerzas o porque el sistema hasta ahora solía descuidar al denunciante una vez que daba su testimonio era trasladado de su lugar de trabajo. Con la nueva resolución no es necesario que el denunciante concurra al Ministerio, ni pedir autorización de sus jefes para hablar.
“Cuando advertimos que quien denuncia es un miembro de la fuerza que puede sufrir una represalia, lo incluimos en el Sistema, y a partir de ese momento los superiores jerárquicos no pueden aplicarles sanciones ni abrirle un sumario ni trasladarlo arbitrariamente, ni adoptar medidas desfavorables sin consentimiento del ministerio”, explicó Manfroni, quien destacó a este diario que de las mil causas que existen la mayoría tienen resultados terminantes para el denunciado.
En la nueva versión del artículo 4 de la resolución se detalla que las denuncias comprendidas en el nuevo sistema son por: violencia física y verbal; misiones ordenadas con riesgo innecesario o sin recaudos o sin equipamiento de práctica, que preserven la vida o la integridad física del que las lleve a cabo; generación deliberada de un mal clima de trabajo; negativa a asignar tareas o sobrecarga injustificada de tareas; acoso sexual o laboral; postergación de ascensos o sanciones infundadas; y traslados intempestivos o arbitrarios y convocatorias infundadas.
Existen otras dos direcciones que contendrán las denuncias. La de Coordinación de Políticas de Género y no Discriminación, y la de de Violencia Institucional.