El primer duelo electoral provincial desató una fuerte controversia, con una pulseada que llegará a la Corte Suprema y el Gobierno nacional involucrado en la disputa discursiva y la estrategia jurídica.
Germán Garavano -ministro de Justicia- y funcionarios de la cartera de Interior salieron a cuestionar la legitimidad política de los resultados del plebiscito impulsado por el gobernador peronista Sergio Casas para reformar la Constitución y aspirar a un tercer mandato, a la vez que desde Cambiemos ratificaron que se presentarán ante los máximos tribunales de la provincia y la Nación.
Mauricio Macri instruyó dejar sentada de manera tajante la posición del Gobierno, más allá de la relación fluida con Casas traducida en apoyo de sus legisladores al oficialismo en el Congreso, aunque en estas horas en la Casa Rosada calificaron de “oscilantes” los movimientos del gobernador. Cambiemos buscará provechar la maniobra y la división en el PJ para disputar con mayores chances la provincia.
“La Corte no se puede hacer la desentendida, es un atropello muy serio”, confiaba este lunes uno de los impulsores de la presentaciones, una vez que se cumpla el escrutinio definitivo que arranca este martes y se proclame oficialmente el resultado electoral.
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El oficialismo riojano buscó con rapidez confirmar la habilitación de Casas para un tercer mandato -fue vice de Luis Beder Herrera de 2011 a 2015 y luego gobernador-, con una interpretación discutida por los opositores: avaló la reforma con el argumento de que el rechazo no había alcanzado el 35% del padrón. Avanzado el escrutinio provisorio Casas dio por hecho el cambio en la Constitución: “Queda confirmada la enmienda que ha sido sancionada por la Cámara de diputados”. Este lunes recorrió obras en una escuela del barrio Las Agaves y no habló del tema.
El radical Julio Martínez, el intendente peronista de la capital Alberto Paredes Urquiza y otros referentes del espacio Cambiemos-FCR sostuvieron lo contrario: que el Gobierno debía superar el aval del 35% del padrón para avanzar con la iniciativa. La discusión se originó en la ambigüedad de la redacción del artículo 84 de la Constitución provincial: “Toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del 35% (…) no la aprueba”. El Sí obtuvo 70.945 votos contra 50.247 del No, con una baja participación (43,95% del electorado) y sin conseguir ninguna ese porcentaje: con 280.699 habilitados para votar, había que superar los 98.000.
“La interpretación que ha sido mantenida hasta ahora exige votos positivos. El Gobierno riojano perdió la consulta”, dijo Ricardo Gil Lavedra -al frente de la estrategia jurídica- a Clarín, con la referencia a las reformas de 1986 y 2007.
La Casa Rosada dejó en la órbita local el reclamo -aun así Garavano mantuvo contactos con Gil Lavedra-, aunque salió fuerte a marcar postura desde el discurso. “Fue un proceso muy manoseado, muy cuestionado. Una pena porque son cosas que, en definitiva, afectan a la democracia”, aseguró el ministro de Justicia. “Para nosotros carece de legitimidad política. La falta de apoyo demuestra que los riojanos están reclamando otra cosa”, reforzó el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca. La saga la completó Lucas Delfino, también funcionario de la cartera conducida por Rogelio Frigerio.
Las palabras del legislador oficialista Lázaro Fonzalida en un acto -y luego viralizadas- sumaron combustible al escándalo: reconoció que la consulta fue en enero para bajar la participación y que el “No” no llegara al 35%: “Los peronistas somos vivos, no somos pelotudos“.