“Desaparición forzada”, “complicidad del Estado”, “gatillo fácil” y “abuso de las fuerzas de seguridad” son algunos de los términos que, indefectiblemente, se asocian a la época más oscura de la historia argentina. Términos que bajo el emblemático lema “Nunca más” parecían haber quedado en el pasado resurgieron con fuerza en 2009 con el caso Luciano Arruga (16), cuando los familiares y amigos del joven denunciaban su desaparición y el posterior reclamo de justicia, tras el hallazgo de su cuerpo. Este reclamo se mantuvo en el tiempo y tras diez años continúa vigente, porque la causa está impune y aún se encuentra en etapa de instrucción. Hoy, los familiares y amigos realizarán una nueva marcha bajo el lema “Diez años de impunidad, marcha por el derecho a saber la verdad”.
“Un nuevo aniversario nos encuentra marchando y pidiendo justicia para que se condene a los responsables materiales, políticos y judiciales de la desaparición forzada de Luciano”, cuenta a PERFIL Vanesa Orieta, hermana del joven. La movilización comenzará a las 16 en General Paz y Mosconi, e irá hacia la plaza 12 de Octubre, en el partido de La Matanza.
“A diez años, la causa permanece en una etapa de instrucción. El Juzgado Federal todavía sigue investigando los motivos de la desaparición y muerte de Luciano. Nosotros denunciamos fuertemente el accionar no solo de los autores materiales, sino también de todos los actores judiciales y políticos que intervinieron en el deterioro de la causa, a todos aquellos que en lugar de poner toda la fuerza y las herramientas para investigar a los verdaderos responsables de la desaparición de Luciano, pusieron trabas y hostigaron a la familia”, explica Vanesa a PERFIL. Y agrega: “Todo esto fue generando un proceso de impunidad, hizo que las pruebas se vayan perdiendo poco a poco y que la familia se vaya desgastando. Se volvió una tortura sistemática en la vida de los familiares porque para poder sanar y seguir adelante con nuestras vidas necesitamos que la Justicia culpabilice a aquellos que han ocasionado tanto daño en la vida de un joven de 16 años”.
El caso. Luciano vivía junto a su mamá Mónica y su hermana Vanesa en una casa humilde del Barrio 12 de Octubre, partido de Lomas del Mirador. El 31 de enero de 2009 se lo vio con vida por última vez, cuando se despidió de su mamá para ir a un cyber y nunca más regresó. Desde ese momento, su familia inició una desesperada búsqueda y denunciaba que Luciano había sido víctima de la violencia institucional por parte de policías de la Bonaerense tras haberse negado a robar para ellos.
Esta hipótesis se fundamentaba en los sucesos anteriores a la desaparición ya que la policía lo venía hostigando desde hace meses. En septiembre de 2008, Luciano fue detenido y golpeado en el destacamento policial de Lomas de Mirador acusado de robar un reproductor mp3. Cuando su madre y hermana se acercaron al lugar para exigir su liberación, escucharon los gritos desesperados del joven que pedía que lo sacaran de allí “porque lo estaban cagando a palos”. Tras diez horas de detención fue liberado. Por este hecho, el teniente primero Julio Diego Torales fue condenado a diez años de prisión.
En 2009, la familia comenzó una incesante búsqueda con carteles que se preguntaban ¿Dónde está Luciano Arruga? La respuesta llegó luego de 5 años y 8 meses, cuando el 17 de octubre de 2014, se encontró el cuerpo del joven enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN.
Según los documentos de la causa, murió en la madrugada del 1º de febrero, en un accidente de tránsito en la avenida General Paz, altura Emilio Castro. Pero la aparición del cuerpo no terminó con el pedido de justicia porque todavía no se pudieron determinar las razones que llevaron al joven a cruzar corriendo esa madrugada la General Paz por una zona peligrosa y prácticamente inaccesible para peatones.
“Si no se empieza a condenar y sentar precedentes se genera un estado de impunidad que provoca una enfermedad social, porque se empiezan a naturalizar hechos como la tortura, el gatillo fácil y las desapariciones forzadas, producto de no tener un proceso democrático basado en el derecho, que resguarde la vida de las verdaderas víctimas y que condene a los responsables”, concluyó Vanesa.