La estrategia de avanzar con una serie de iniciativas vinculadas a la seguridad ante el panorama adverso en la economía y la falta de certezas sobre una eventual recuperación encontró con
la extinción de dominio un punto de contacto oportuno entre las dos áreas. Mauricio Macri se encargó de trazar el puente en el inicio de su discurso, cuando consideró necesaria esa “plata de todos los argentinos” para construir escuelas, jardines, rutas, obras para frenar las inundaciones, cloacas y agua potable. Combustible para intentar recomponer expectativa y efectos favorables al Gobierno en su interior y en el duelo con los espacios opositores en el inicio de la campaña electoral.
Luego del anuncio, la Coalición Cívica difundió un comunicado para respaldar el DNU. “Esta ley es una herramienta fundamental que vamos a tener los argentinos para recuperar lo que nos robaron y hoy nos falta en infraestructura, escuelas y vivienda”, expresó en línea con Macri el texto firmado por Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin. Elisa Carrió había reclamado la vía del decreto y dedicó “aplausos” al Presidente en su cuenta de Twitter. La relación con Macri venía tensa: la cofundadora de Cambiemos había expresado fuertes críticas y hace meses no habla con el Presidente.
El decreto contempla recompensas para quienes permitan recuperar los bienes
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Casi en simultáneo el radical Mario Negri reforzó la posición esta vez coincidente en Cambiemos y pidió que los bienes recuperados se destinen a políticas sociales para “habitar un país más justo”.
El Gobierno a su vez buscará contrastar el avance por DNU con la demora en el Congreso. El proyecto se empantanó en ese ámbito por el rechazo de sectores del peronismo a convalidar el texto aprobado en Diputados, presentado por el Frente Renovador e impulsado por Cambiemos en uno de los acuerdos del oficialismo con Sergio Massa en aquella etapa dulce de la relación, en el inicio de la gestión de Macri.
El Gobierno apura el recupero de bienes de la corrupción y el narcotráfico
El tratamiento quedó frenado casi dos años en el Senado, de acuerdo con el PJ por falencias del proyecto y en la mirada del Gobierno para bloquear la recuperación de los bienes vinculados al narcotráfico y la corrupción. El texto aprobado en agosto y devuelto a Diputados enmarcó la extinción de dominio en el proceso penal, por lo que impedía aplicarlo con retroactividad.
Ya con otra composición del Congreso, deteriorada la relación con Massa y ante la sospecha de que por un acuerdo del PJ podía prevalecer la versión del Senado, el oficialismo dejó de empujarlo -Diputados podía ratificar el proyecto original con mayoría simple- y el tratamiento se diluyó.
El decreto vuelve a ubicar el proceso en la Justicia civil, y funciona para el Gobierno como otra herramienta para llevar la discusión al escenario que mejor le sienta, en confrontación directa con Cristina Kirchner. “Estamos hablando de dinero pero también de campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte”, dijo como al pasar Macri en una referencia interpretada hacia la ex presidenta, por los 33 cuadros incautados por el juez Claudio Bonadio.
Los bienes de la corrupción K que están embargados y a los que se le podría aplicar la extinción de dominio
Macri le dedicó a la saga en el Congreso un tramo de su discurso: “Los proyectos están estancados hace años y los argentinos esperamos demasiado”. El DNU tendrá tratamiento legislativo, ya en vigencia, y Patricia Bullrich marcó la cancha minutos después del anuncio: “No creemos que haya un solo diputado o senador que vaya a estar en contra de sacarle los bienes a los que le roban a la gente”. El kirchnerismo no reparó en la advertencia ni en el costo político: el bloque de diputados del Frente para la Victoria consideró “inconstitucional” y un “acto de campaña” el decreto. “El FMI anuncio mayor contracción de la economía para la Argentina. Intentan tapar una nueva mala noticia con un mamarracho inconstitucional”, replicó Agustín Rossi. El massismo buscó sacar provecho al adjudicarse la autoría del proyecto aprobado en Diputados.