Luego de la presentación de dos diputados de Cambiemos, la Corte Suprema de Justicia habilitó este jueves la feria judicial durante la que deberá resolver si habilita o frena la
consulta popular prevista para el 27 de enero en La Rioja, en la que se votará si se avala una enmienda que permita al gobernador peronista Sergio Casas a que compita por un tercer período.
“La decisión adoptada por este tribunal aclara que no implica adelantar posición alguna respecto de los distintos requerimientos formulados en la presentación judicial”, señala el comunicado de la Corte. La medida fue tomada por el juez Horacio Rosatti, a cargo del Tribunal hasta este viernes.
El miércoles, los diputados nacionales Héctor Olivares (presidente de la UCR de La Rioja) y Marcelo Weschler (interventor del PRO en La Rioja) presentaron un amparo para frenar la consulta con la que el Gobierno riojano busca convalidar la enmienda constitucional en favor de Casas.
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La Constitución de La Rioja, en su artículo 120, establece que “podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”.
Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015, cuando ganó las elecciones y asumió al frente del Ejecutivo provincial. En diciembre, el mandatario consiguió que el peronismo, con ayuda de dirigentes de la UCR, apruebe una enmienda constitucional que le permite competir por un tercer mandato, algo que desde Cambiemos rechazan.
“Se impugnará en esta presentación la inconstitucional convocatoria a una consulta popular obligatoria para el próximo 27 de enero de 2019 en la provincia de La Rioja para tratar de convalidar una enmienda constitucional viciada. De producirse esa circunstancia, ello acarreará una grave degradación institucional y política para la provincia, afectándose los principios republicanos que deben tener vigencia en todo el país”, plantean en el escrito.
La enmienda constitucional impulsada por Casas estuvo plagada de polémicas desde el principio. De hecho, el vicegobernador, Néstor Bosatti, denunció penalmente a Adriana Olima, vicepresidenta primera de la Cámara de diputados provincial, por haber convocado a la sesión extraordinaria en la que se votó cuando no tiene facultades para eso. La acusación es por usurpación de títulos y abuso de autoridad, a raíz de ese episodio.