La Organización de Estados Americanos activó este viernes la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua para analizar la crisis institucional que atraviesa esa nación y que ha dejado
más de 300 muertos.
“A criterio de la Secretaría General la crisis justifica la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana” referida a la alteración del orden constitucional en un país miembro de la organización, dijo el secretario general Luis Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que él mismo había convocado.
Ese artículo de la Carta Democrática -el instrumento adoptado por los países del continente en 2001 para proteger la democracia- establece que ante la alteración del orden constitucional en cualquier Estado miembro se realizarán las “gestiones diplomáticas necesarias… para promover la normalización de la institucionalidad”.
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Almagro fundamentó su apreciación en las violaciones a los derechos humanos reportadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contabilizó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, 550 detenidos y enjuiciados, 300 profesionales de la salud despedidos y más de 80 estudiantes universitarios expulsados como saldo de las protestas iniciadas en abril.
Almagro también señaló al presidente Daniel Ortega de impedir la independencia de poderes y la participación política de los partidos opositores.
El canciller nicaragüense Denis Moncada acusó a Almagro de actuar como un agente político de Estados Unidos para buscar el derrocamiento de Ortega y dijo que la sesión del Consejo fue “ilegal, ilícita e inexistente” porque se llevó a cabo pese a que el gobierno de Managua no la había aprobado. Solo Venezuela y Bolivia se pronunciaron a favor de Nicaragua.
Numerosas delegaciones agradecieron a Almagro por su informe y consideraron activado el proceso.
“Hoy hemos dado inicio al proceso contemplado en el artículo 20 para realizar una apreciación colectiva”, dijo la embajadora argentina Paula Bertol.
No se sometió a votación ninguna iniciativa diplomática específica ni se anunció la fecha de una próxima sesión para seguir debatiendo el caso nicaragüense.
Si las gestiones previstas en el artículo 20 se adoptaran y fracasaran, el Consejo Permanente de la OEA podría elevar el caso a una Asamblea General, o reunión de cancilleres, quienes podrían optar por suspender al país de la organización. Para ello son necesarios los votos de 24 de los 34 Estados miembros.
“Hoy es un mal día para el gobierno de Ortega porque esta sesión del Consejo Permanente era imprescindible para activar el artículo 20”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Qué es la Carga Democrática de la OEA
Aprobada por los Estados miembros de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en Lima, la Carta es “principalmente una guía para mejorar el funcionamiento de los sistemas democráticos”, escribió en su preámbulo el entonces secretario general de la organización, el ex presidente colombiano César Gaviria, avizorando una “nueva era” en el sistema interamericano.
La Carta define los “elementos esenciales” de la democracia representativa, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, elecciones libres y periódicas a través del voto universal, pluralidad de partidos políticos y la separación de los poderes públicos.
Pero desde su aprobación, sus elementos más polémicos han sido los referidos a los mecanismos que el documento establece para fortalecer la democracia, o más allá, para revertir casos de alteraciones o rupturas del orden constitucional en los países.
La Carta prevé varias vías que permiten invocarla.
Según el artículo 17, un Gobierno de un país miembro puede recurrir al secretario general o al Consejo Permanente para pedir asistencia en caso de “riesgo” para la democracia o su ejercicio en el poder.
Este caso ocurrió en Ecuador en 2005, cuando el presidente interino, Alfredo Palacios, solicitó la intervención de la OEA tras el derrocamiento del mandatario Lucio Gutiérrez.
De otro modo (artículo 18), la iniciativa también puede surgir del Consejo Permanente o el secretario general para, con el consentimiento del Gobierno afectado, realizar gestiones diplomáticas en ese país.
A petición de varios países centroamericanos, la OEA intervino en la crisis institucional que se vivió en Nicaragua hacia el final del mandato del presidente Enrique Bolaños (2002-2007).
Pero la Carta también prevé escenarios de “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” o de “ruptura del orden democrático” (artículo 19), en los cuales la OEA puede intervenir sin el consentimiento del gobierno afectado.
Un caso de “ruptura” democrática fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. Una Asamblea General extraordinaria del organismo hemisférico convocada poco después suspendió al país centroamericano por casi dos años, siguiendo el artículo 21 de la Carta.
Pero en caso de grave “alteración” de la democracia, el artículo 20 faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.
Fuente: agencias