Asediado y cuestionado, el fiscal general dePerú,Pedro Chávarry, renunció este martes, al presentar un documento ante la Junta de Fiscales Supremos, oficializando su salida del cargo.
Tras la presentación de
su carta de renuncia este martes, la Junta decidió nombrar a Zoraida Ávalos como fiscal interina, quien deberá convocar a elecciones en 60 días, según informó el diario El Comercio.
Chávarry había anunciado en la noche del lunes que este martes renunciaría a su cargo en medio de un escándalo que involucra a jueces, fiscales y líderes de la oposición en una compleja trama de corrupción.
Marchas en Lima contra el renunciante fiscal Pedro Chavarry./ Reuters
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La dimisión de Chávarry se da en momentos que en el Congreso se debate un proyecto de ley presentado por el presidente Martín Vizcarra para declarar en emergencia al Ministerio Público y que permitiría la separación temporal de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.
La actitud del mandatario responde a que Chávarry separó de sus cargos a fin de año a los fiscales Rafael Vela y de José Domingo Pérez, quienes se encargaban de las investigaciones de las coimas pagadas por la brasileña Odebrecht a grandes figuras políticas de Perú, entre ellos ex presidentes.
Pero luego de que miles de peruanos marcharon el martes, miércoles y jueves exigiendo la renuncia de Chávarry y el retorno de los fiscales Vela y Pérez, el fiscal general dio marcha atrás y los repuso.
Los fiscales Rafael Vela (izq.) y José Domingo Pérez./ AFP
Los fiscales Vela y Pérez impulsaban además un acuerdo de delación premiada con las autoridades brasileñas, algo que Chávarry veía con malos ojos.
La crisis interna en la Fiscalía de Perú se agudizó luego de que los dos fiscales que iban a reemplazar a Vela y Pérez se rehusaron a hacerlo.
La decisión de los fiscales Frank Almanza y Marcial Páucar de renunciar a integrar el equipo que investiga a Odebrecht fue una sorpresa para Chávarry, quien los había designado.
Marchas en Lima en contra de la expulsión de los fiscales Vela y Pérez. /AP
Vela tiene a su cargo la investigación a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta una petición de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; Alan García (1985-1990, 2006-2011), quien buscó sin éxito asilo en la embajada de Uruguay; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.
Los manifestantes acusan a Chávarry de favorecer la impunidad con el cese de los fiscales claves del caso Odebrecht, a quienes él nombró en julio pasado.
Chávarry es cuestionado porque se considera que el cese de los fiscales Vela y Pérez boicoteaba el acuerdo judicial de colaboración eficaz (delación premiada) entre la fiscalía brasileña y los fiscales peruanos para que los ejecutivos de Odebrecht aporten las pruebas documentales de presuntos pagos a políticos locales a cambio de favores.
El acuerdo, que debería regir a partir del 11 de enero con una declaración en San Pablo del exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, se vio afectado por la decisión de Chávarry de césar en sus cargos a los dos fiscales.
Vela, quien es fiscal coordinador del caso de Lava Jato, confirmó que el acuerdo se vio afectado, pero añadió que posiblemente el poder judicial peruano dé su visto bueno a fines de enero, y en febrero se estaría tomando la declaraciones a Barata y a los funcionarios brasileños de Odebrecht.
Chávarry fue elegido fiscal de la Nación el 7 de junio del 2018. Juró al cargo el 20 de julio último con numerosas críticas en su contra por audios que probarían diversos nexos entre él y el ex juez supremo César Hinostroza, supuesto líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. La agrupación torcía los fallos judiciales para obtener beneficios.
En el Congreso se acumularon tres acusaciones constitucionales que buscaban retirar a Chávarry del puesto desde octubre, pero la protección que recibió del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori (actualmente presa), y del partido Aprista Peruano, encabezado por Alan García, impidieron que los pedidos avancen.
Poco después perdió el apoyo de los partidos políticos que lo protegían, y fiscales de todo el país exigieron su renuncia.
Fujimori es investigada por supuestamente lavar 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial en 2011, mientras que a García se lo indaga por presuntamente recibir 100.000 dólares de un fondo usado para pagar coimas. El ex mandatario intentó eludir la justicia al solicitar asilo en la embajada de Uruguay, el cual le fue negado.
Al igual que en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú, la cual ha salpicado a toda la élite política actual.
Fuente: AP Y AFP