La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) emitió un documento para expresar su posición en contra de la baja de la
edad de imputabilidad que propone el Gobierno. “Podemos afirmar que la reforma no reducirá por sí misma la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, y menos los índices de la inseguridad”, aseguraron.
La agrupación reiteró las palabras que habían emitido en 2017, cuando el tema también estuvo en debate. “No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los Municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, sostiene el texto.
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En esa línea, AJUNAF sostiene que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de la edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana”.
“La reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y la adolescencia de la República Argentina, donde el 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre según un estudio de UNICEF4 que mide la pobreza multidimensional”, señala el texto.
Y agrega: “No se advierte que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, con adultos de baja calificación laboral”.
Por último, afirman que “la reforma no reducirá por sí misma la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, y menos los índices de la inseguridad”, por lo que concluyen: “La AJUNAF se opone a la baja de la edad de punibilidad, sin que previamente se introduzcan por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y de los poderes ejecutivos provinciales y municipales, políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida -efectividad de derechos económicos, sociales y culturales- de toda la infancia y la adolescencia”.