La renovada intención del Gobierno de poner en debate la baja de la edad de imputabilidad de los menores, para llevarla de los 16 a los 15 años, arrancaría en el
Congreso con pronóstico más que incierto. No sólo hace más de veinte años que el asunto es materia de discusión y vuelve en forma recurrente como bandera para combatir el delito, siempre sin éxito. Esta vez ni siquiera hay crimen de impacto social, como pasó en años anteriores, que genere un clima de opinión proclive a este cambio. Y justo en un año electoral en el que todos presagian que el Congreso funcionará de manera restringida, y que sólo pasarán proyectos que reúnan mucho consenso con la oposición.
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En enero de 2017 también el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano empujó la baja de la edad de imputabilidad (era de 16 a 14 años) en el marco de la necesidad de avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil que, todos reconocen, es una asignatura pendiente “de la democracia”. En ese año electoral Garavano buscó mostrar que la iniciativa no estaba atada a la coyuntura: dijo que la intención era votar el proyecto “después” de las elecciones. El contexto se mostraba más propicio: la sociedad estaba impactada por el asesinato de Brian Aguinaco, un chico de 14 años, por otro menor de 15 que lo había baleado desde una moto.
Pero además de las diferencias que volvió a generar en bancadas opositoras, tampoco “cerró” en el oficialismo. “La baja de la edad fue objetada desde Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, en línea con Unicef que no estaba de acuerdo”, recordó a Clarín una fuente oficialista, reconociendo trabas en el propio Gobierno. “Por eso hubo meses de debate y se empantanó”.
Pese a todo el Gobierno vuelve a la carga en este año electoral difícil, y se propone incluir el tema en extraordinarias. Está claro que no todo lo que pide el Presidente llega a buen puerto en el Congreso, como se vio a fines del año pasado con el fracaso de los cambios a la ley de Alquileres o el proyecto para combatir las barras bravas. Sin resultados garantizados, el envión para insistir parecen darlo las encuestas que muestran a la inseguridad como principal demanda del electorado (junto con la inflación), y la llegada al poder de Jair Bolsonaro en Brasil, exitoso con su discurso de mano dura.
Cambiemos confía en lograr acuerdos con el peronismo en el Senado, que conduce Miguel Pichetto. Más complejo asoma Diputados, donde los referentes opositores, como dio cuenta Clarín el lunes, salieron al cruce de la iniciativa, a la que consideraron “marketing” para la campaña oficialista, una “cortina de humo” frente a los problemas de la economía. Se manifestaron con críticas o reparos desde todo el arco peronista: Agustín Rossi (FpV), Pablo Kosiner (Justicialista), Graciela Camaño (FR), Felipe Solá y Daniel Arroyo (RedxArgentina), Leo Grosso (Evita), y también la izquierda.
El tema siempre dividió aguas, incluso en el kirchnerismo. En 2012 Cristina Kirchner admitió distintas posturas, avaló la media sanción que había dado el Senado (Diputados nunca lo trató) y se pronunció en favor de bajar la edad para “adecuarse a los tiempos”. “Hacer una reducción de 16 a 14 (años) parece lógico”, definió.
En 2011 el presidente de la Cámara, el kirchnerista Eduardo Fellner, había asegurado al arrancar el año legislativo que había acuerdo con la oposición por el proyecto aprobado en el Senado y que la baja de edad de imputabilidad era de “los primeros temas a tratar”. No pasó nada. Tampoco en 1997 cuando se intentó en la gestión Menem, ni en 2004 cuando el asesinato de Axel Blumberg (si bien por mayores de edad) derivó en cambios al Código Penal con endurecimiento de penas y mucho se habló de la baja de edad de imputabilidad.
Como señaló el periodista Héctor Gambini en estas páginas hace dos años, en forma de espasmos (en general crímenes resonantes protagonizados por menores) el debate se agita, “y tanto se agita que se cansa y se va a dormir un par de años más”. Se verá si pasa lo mismo esta vez.