Además de Andrea del Boca y Julio De Vido, hay otros ochos procesados y embargados por el juez federal Sergio Ramos, que van a ir a juicio oral en la
misma causa donde se investigan las irregularidades de la novela Mamá Corazón. Los más destacados son la ex diputada kirchnerista y ex titular del INCAA, Liliana Mazure, y el ex rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta.
Ambos son investigados por el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, por las irregularidades detectadas en la financiación de producciones audiovisuales, como la telenovela de Andrea del Boca y la serie El Pacto. Ambas fueron financiadas a través de la UNSAM, por el disuelto Ministerio de Planificación que manejaba De vido.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Mazure fue procesada como “partícipe necesaria” de esa defraudación, al igual que el entonces rector de la UNSAM, Carlos Ruta, a quienes el juez Ramos les trabó un embargo por $ 5 millones y $ 60 millones, respectivamente. Mientras que el diputado y ex ministro kirchnerista De Vido fue procesado como autor de la defraudación y se le trabó un embargo por $ 60 millones.
El juez Ramos estableció que durante la gestión de De Vido, el Ministerio de Planificación implementó un circuito de financiación irregular de producciones audiovisuales, mediante “el otorgamiento discrecional de los fondos públicos”, que se tercerizaban a través de la UNSAM. Ese esquema “encubrió la contratación directa o asignación discrecional de fondos” por parte del Ministerio de Planificación.
El ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, era un hombre muy cercano al gobierno kirchnerista, que involucró a esa universidad pública en varios proyectos, como la medidora de rating paralelo a Ibope y la polémica instalación de millonarios equipos de efectos especiales, además de elegir las producciones para la TV digital.
Otro de los procesados fue Luis Vitullo, ex director general de Administración del Ministerio de Planificación, a quien el juez Ramos le trabó un embargo de $ 50 millones, por ser uno de los principales responsables de generar el mecanismo de triangulación con la UNSAM, para evitar controles en la financiación de las series audiovisuales.
El magistrado Ramos también procesó a Nadia Jacky, directora de Tostaki, la productora que realizó la serie El Pacto, con un embargo de $ 6 millones; a los secretarios de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, con embargos de $ 50 millones y $ 6 millones, respectivamente; y a los ex funcionarios K Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada, con un embargo de $ 50 millones cada uno.
Todos ellos están cada vez más cerca de ir a juicio oral, junto con De Vido y Andrea del Boca.