En 2018, el cambio de la fórmula de movilidad previsional perjudicó a los jubilados y demás beneficiarios de la Seguridad Social en $ 72.935 millones. Luego de compensaciones otorgadas por el
Gobierno, como el bono de marzo, esa pérdida se redujo a $ 64.938 millones.
“Como se ve, la nueva modalidad tuvo un efecto reductor del gasto previsional por un valor de alrededor de 0,6% del PBI, en 2018”, dice un estudio de ASAP (“Evolución y Financiamiento de la Previsión Social en Argentina”).
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De los $ 64.938 millones, $ 54.367 millones afectó a los jubilados y pensionados. Otros $ 7.1336 millones dejaron de recibir las pensiones no contributivas y la Pensión al Adulto Mayor (PUAM) y $ 4.535 millones, los beneficiarios de las Asignaciones Familiares.
Para los jubilados y pensionados, a valores de diciembre 2018, la pérdida estimada fue de 14.500 pesos en el año, en promedio.
El Informe señala que “la movilidad otorgada, de octubre de 2017 a octubre de 2018, fue de un 19,19% acumulado, mientras que la variación del IPC nacional, según datos de INDEC, fue del 45,91% en el período y la de RIPTE (salarios formales) de 28,29%.
De esta forma, agrega el Estudio, “por efecto de los cambios introducidos en la movilidad previsional, durante dicho período de 12 meses, los haberes de las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y Asignaciones Familiares (incluyendo AUH) nacionales perdieron un 18,31% de su poder de compra y un 7,09% de su capacidad para sustituir a los ingresos laborales”.
Esa pérdida se produjo porque la nueva fórmula de movilidad eliminó la evolución de la recaudación que figuraba en la anterior fórmula y que, entre 1995-2017, fue mayor a la inflación. Además, se reemplazó el reajuste semestral por uno trimestral, pero ”en el arranque omitió un trimestre completo” con la pérdida para los beneficiarios de $ 39.969 millones (0,4% del PBI).
“El cambio en la periodicidad de los reajustes (de semestral a trimestral) tiene un efecto reductor, pues se eligió una modalidad que subsume un trimestre completo de actualización” que para el caso de los jubilados y pensionados representa una “reducción permanente del haber previsional de un 3,6%”.
Por esa razón, el 5 de junio pasado, la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social cuestionó la aplicación de la nueva fórmula (causa Miguel Fernandez Pastor c/ANSeS) “dado que considera que las normas no se pueden aplicar en forma retroactiva”, dice el Estudio. Por este caso, ANSeS presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Y el Alto Tribunal deberá expedirse sobre la constitucionalidad o no de esa aplicación retroactiva de la nueva fórmula.
Luego en marzo el Gobierno compensó parcialmente dicha reducción con el bono efectivizado ese mes por $ 4.635 millones, pero “mientras el bono fue por única vez, el efecto de la no actualización se mantiene en el tiempo”.