La constructora brasileña Odebrecht demandó al Estado argentino por negarle la posibilidad de licitar en las obras públicas.
La acusación contra el Gobierno es por tener un “doble estándar”
respecto de las sanciones contra la firma brasileña y la falta de medidas contra las empresas argentinas involucradas en la investigación sobre los cuadernos de las coimas, según publica el diario La Nación.
A mediados de 2017, el Ejecutivo decidió retirar por un año de la nómina de oferentes de obra pública a la constructora brasileña, la cual es investigada por el pago de sobornos a cambio de licitaciones en varios países, entre otros delitos.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Las empresas que ejecutan obras con fondos públicos deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Constructores y Firmas Constructoras de Obra Pública para poder operar, pero en el caso de Odebrecht esa autorización estaba vencida el 30 junio de 2016 y no fue renovada.
Ahora, la firma busca revertir su situación en el país a través de la vía judicial y reclama poder volver a competir en nuevos proyectos de obra pública.
En julio de 2018, Odebrecht presentó una medida cautelar ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de Macarena Marra Gutiérrez, donde luego sumó la demanda contra el Estado nacional.
Transcurrido el plazo de suspensión del Registro de Obra Pública, la empresa brasileña no consiguió su restitución, debido a los requerimientos pedidos por los diversos procesos judiciales que afronta en la Argentina y en otros países.
La firma brasileña pidió entonces informes a la Justicia cómo actuó en otros casos como el de las empresas de Wagner, Roggio, Esuco, las que tienen “procesos abiertos” y con un “seguimiento” en el Registro, pero que no han sido suspendidas para licitar.
Desde el Ministerio de Interior de la Nación rechazaron los reclamos de Odebrecht y la jueza Marra Gutiérrez consideró que las novedades sobre la causa de los cuadernos exceden “el marco del presente proceso”.
Pese a la decisión del juzgado, la demanda de Odebrecht contra el Estado nacional sigue en curso.