Se recalienta la disputa en el gremio Unión de Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA), que se encuentra intervenido por el Ministerio de Producción y Trabajo desde hace
dos años. A dos semanas exactas de las elecciones en el sindicato, hay versiones de que la cartera laboral cambiaría al delegado normalizador mientras en simultáneo una sala de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral ordenó suspender la interna y que se reponga a Ángel García como secretario general del sindicato.
García, alineado históricamente con Luis Barrionuevo, fue el capo de UPSRA por más de 34 años, hasta que fue desplazado por la intervención. Sigue manejando, eso sí, la obra social sindical.
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“El fallo de la sala 9 de la Cámara Laboral es un escándalo judicial que va contra los intereses de los trabajadores de seguridad privada”, dijo Julio Gutierrez, candidato a secretario general del gremio de la lista Verde Número 1.
Según el dirigente, hay dos fallos judiciales a favor de la realización de las elecciones en el gremio y uno en contra, que ahora será apelado por su lista.
Para Gutiérrez es un “escándalo” porque en septiembre pasado otra sala -la 6- de la Cámara Laboral había ratificado la intervención y el proceso de normalización.
Pero Gustavo Ciampa, abogado de Ángel García, sostuvo que en realidad la sala 6 no estaba facultada para resolver sobre la intervención ni las elecciones.
“La normalización se terminó. La Justicia le ordenó al Ministerio de Trabajo que restituya a la conducción del gremio. La sentencia debe ser cumplida o habrá consecuencias”, dijo Ciampa. “
En simultáneo a la pelea judicial, hubo en los últimos días fuertes versiones de que el Ministerio de Producción y Trabajo removería al actual delegado normalizador Patricio Lombilla y designaría como interventor a Rodolfo “Coco” Alonso.
A Alonso, quien estuvo de interventor en UPSRA al inicio del proceso de normalización, se lo considera hombre de Enrique “Coti” Nosiglia y Luis Barrionuevo.
“Sería una locura que el Ministerio de Producción y Trabajo hiciera algo así a días de las elecciones. Todos estamos a la espera de que el gremio se normalice y que después de 34 años haya por fin un cambio”, dijo Gutiérrez.
Consultados sobre la sentencia judicial, en el Ministerio de Producción y Trabajo contestaron a Clarín este domingo: “Estamos revisando todas las actuaciones que tiene esta cartera en materia de intervenciones… Algunas tienen más urgencia que otras”.
El de Seguridad es un sindicato pequeño -tiene 18.000 afiliados- y de escaso patrimonio. Tiene, eso sí, un enorme potencial: hay 150.000 vigiladores inscriptos en las empresas de seguridad de todo el país.