El Gobierno cerró la última semana hábil del año con sorpresas y malas noticias: tarifazos de servicios públicos y la salida del secretario de Energía, Javier Iguacel, que duró un semestre
y una semana en el cargo.
Los socios de Mauricio Macri en Cambiemos, que habían propiciado la llegada del funcionario -en rigor, empujaron la salida de su antecesor Juan José Aranguren– no se sorprendieron ni por los aumentos ni por el nuevo ascenso de Gustavo Lopetegui, aunque tampoco fueron consultados, por las medidas.
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La aclaración no es anecdótica. En abril de este año, la UCR y Elisa Carrió hicieron público su malestar por el aumento de tarifas. La presión surtió efecto. El Presidente aceptó la propuesta radical de prorratear las boletas de mayor consumo, aceptó el pago de cuotas y avanzó en la idea de una tarifa “plana”, sin sobresaltos.
Ese antecedente fue suficiente para que Jaime Durán Barba responsabilizara a los aliados -además de al macrista Emilio Monzó– por la crisis cambiaria que se disparó a fin de ese mes y por el endurecimiento de la oposición; una interpretación que no hizo más que molestar a los integrantes de Cambiemos.
Carrió afirmó el 8 de mayo que Aranguren le había garantizado que no habría más aumentos en lo que restaba del año. El ex CEO de Shell fue obligado a renunciar en junio.
Ahora, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, tuvo la delicadeza de llamar a Carrió y de hablar con varios de los referentes de la UCR para anticiparles los tarifazos que haría públicos minutos después en conferencia de prensa.
Sin embargo, ninguno había sido antes consultado sobre la conveniencia de aplicar aumentos luego de un año que marcó el 47% de inflación y en la víspera del año electoral.
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó personalmente a algunos de sus socios políticos sobre la salida de Iguacel. Otros de los aliados lo llamaron para confirmar la noticia que anticipó Clarín.
Carrió, que estuvo fuera del país para pasar la Navidad y su cumpleaños y que acaba de regresar para pasar Fin de Año, estaba al tanto de los cambios. Sus laderos en la Coalición Cívica prefirieron no opinar demasiado sobre su evaluación sobre los aumentos. “A Lilita le parece bien lo de Lopetegui. Es una de las personas a las que siempre reivindicó. Lo de los aumentos es difícil. Pero la suba escalonada estaba programada”, explicaron.
El jefe de la UCR, Alfredo Cornejo, también se encuentra fuera del país. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, uno de los más críticos dentro de Cambiemos respecto al rumbo económico, también está de vacaciones. Sin embargo, dentro de su administración hubo reuniones para analizar el impacto de las subas. “Fue muy mal comunicado”, afirman.
Explican que los aumentos no repercutirán de la misma forma en todo el país. En el área metropolitana la luz subiría hasta un 55%, pero en los distritos que pueden fijar más adelante su propio Valor Agregado de Distribución (VAD) rondaría el 30%. Sin embargo, hay preocupación sobre cómo afrontar -en ese marco- los costos de tarifa social, que la Nación delegó en las provincias.
En el radicalismo, sin embargo, no hubo ninguna evaluación política ni económica institucional sobre el nuevo tarifazo, que correrá a partir de febrero.
Algunas de sus principales referentes, sin embargo, juzgaban que en la Casa Rosada se habían decidido por dar las malas noticias juntas, lejos de la contienda electoral y para enviar una señal fuerte a los mercados. También inferían que pretendían una inflación en baja gradual, sin sobresaltos.
Ahora, varios popes radicales reconocen que la salida Iguacel era un secreto a voces en los pasillos del poder. Al ex secretario de Energía lo habían acorralado cuando obligaron al Gobierno a dar marcha atrás con resolución que obligaba a los usuarios a cubrir el costo de la devaluación en 24 cuotas, una diferencia que finalmente absorbió el Estado.
En la UCR ahora señalan que la principal resistencia contra Iguacel no eran el partido, sino el directorio de YPF, poco reacio a incidir en el precio de mercado, una potestad que los radicales reivindican.