Los negociadores de la Casa Blanca abandonaron el Capitolio en la noche del viernes, mientras que la Cámara de Representantes y el Senado levantaron sesiones sin que se haya alcanzado un
acuerdo sobre el presupuesto, lo que garantiza un cierre parcial del gobierno dada la insistencia del presidente Donald Trump de que se asignen miles de millones de dólares para un muro en la frontera con México.
Los enviados del mandatario trabajaron frenéticamente para lograr un acuerdo de último minuto con los legisladores demócratas y con algunos republicanos. Pero el vicepresidente Mike Pence, el jefe de despacho designado Mick Mulvaney y el asesor Jared Kushner dejaron el Capitolio sin que hubiera señales de un acuerdo.
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“Vamos a tener un cierre”, dijo Trump en un video publicado en Twitter poco antes del plazo. “No hay nada que podamos hacer porque necesitamos que los demócratas nos den sus votos”. “Con suerte no será tan largo”, añadió.
En el video, Trump mezcló afirmaciones sobre el tráfico de drogas y las pandillas con imágenes de las recientes caravanas de migrantes centroamericanos e insistió en que EE.UU. necesita “seguridad fronteriza”. “Necesitamos una gran barrera y si no la tenemos, nunca va a funcionar”, añadió.
Los estadounidenses están acostumbrados a estas estrategias fiscales que precipitan el cierre de servicios considerados “no esenciales” por el gobierno federal, que súbitamente se ven privados de fondos. Cuanto más duren estos bloqueos, más graves son sus consecuencias.
El último “cierre”, el primero de la administración de Trump en enero de 2018, duró tres días. El anterior, en octubre de 2013, había sido mucho más largo, de 16 días, pero aún estuvo lejos del récord de 21 días en 1995-1996.
Aunque alrededor del 75% de los departamentos federales han aprobado presupuestos para varios meses y no se verán afectados, algunos departamentos importantes se verán afectados, incluidos los de Seguridad Nacional, Justicia, Comercio, Transporte, Vivienda y Tesorería. Incluso el de Interior, que gestiona los parques nacionales, muy visitados durante este tiempo de celebraciones, como el Gran Cañón.
Un operario limpia el suelo junto a un árbol de Navidad descartado en uno de los pasillos del edificio de oficinas del Senado Russell en el Capitolio en Washington DC. /EFE/ERIK S. LESSER/
En el “cierre” de enero de 2018, causado por un desacuerdo sobre la política migratoria, la mayoría de los parques permanecieron abiertos pero redujeron en un 80% su personal y sus servicios al público (tiendas, restaurantes, baños y otros).
La Estatua de la Libertad podría volverse inaccesible: estuvo cerrada por dos días en enero, antes de que el estado de Nueva York la reabriera con financiamiento propio, por 65.000 dólares por día. Los principales museos Smithsonian en Washington también fueron obligados a cerrar.
Los demócratas del Congreso y del Senado estimaron que más de 800.000 empleados públicos, sobre un total de 2,1 millones, se verían afectados.
Se espera que aproximadamente 380.000 personas queden licenciadas sin goce de sueldo, incluyendo el 95% de los empleados de la Nasa y el Ministerio de Vivienda, y 52.000 empleados de servicios fiscales.
Según el detalle del Partido Demócrata, cerca de 420.000 funcionarios públicos, cuyos servicios se consideran esenciales, tendrán que trabajar sin cobrar de inmediato: 150.000 empleados de la secretaría de Seguridad Nacional, de la que depende la policía de fronteras y el transporte, y más de 40.000 agentes del FBI, la agencia antidrogas DEA y la administración penitenciaria.
Fuente: AFP