Por segunda vez, el juez Claudio Bonadio pedirá al Congreso de la Nación el desafuero de la senadora Cristina Kirchner, cuyo procesamiento con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita
en la causa de “los cuadernos de las coimas” fue confirmado este jueves por la sala I de la Cámara Federal porteña. La primera vez que el magistrado pidió la detención de la ex Presidenta fue en el marco de la investigación por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Como aquella vez, el Justicialismo mantendrá su postura: no discutirá un desafuero en tanto no haya una condena firme contra Cristina. Así y todo, según fuentes judiciales en los próximos días Bonadio enviará el pedido de desafuero de la senadora a la Cámara Alta.
Cumpliendo con lo determinado en el procesamiento, el juez de la causa esperó la confirmación de la Sala I de la Cámara Federal porteña que dio por corroborado que Cristina Kirchner fue la jefa de la asociación ilícita, que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, siempre según la Justicia. Así, la semana próxima enviará el pedido de desafuero al Congreso.
Para justificar el pedido de prisión preventiva de la ex presidenta, el juez indicó que tanto ella como los ex funcionarios acusados en la causa mantienen “vínculos” con “medios afines, empresarios”, y dijo que la ex presidenta “podría entorpecer” la investigación.
Para la Justicia, el hecho que Cristina Kirchner no haya recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. Se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora, indicó Bonadio en su resolución de 522 páginas.
Para Bonadio, la viuda de Néstor Kirchner tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo, la encontró responsable de ser “jefa de la asociación ilícita” que se dedicaba “a operaciones recaudatorias” desde el extinto ministerio de Planificación Federal.
Sobre el funcionamiento de esta mecánica, el juez detalló que para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, entre otros casos, los empresarios “entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos “retornos” o “coimas”.
Entonces, la Justicia concluyó que los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones “estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos” y que la finalidad de todo fue “enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos”.
Se indicó que el producido de esos sobornos era utilizado para “sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites”.
Durante la instrucción, también se determinó que partes de esos fondos fueron destinados a “engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos del País”, es decir: Néstor y Cristina Kirchner.