La Fiscalía General de la Provincia apeló este jueves el fallo del caso Lucía Pérez (16) ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires con un documento centrado
en la perspectiva de género.
El documento, básicamente, cuestiona a los jueces que condenaron a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani a 8 años de prisión por vender droga a menores en las cercanías de las escuelas. La fiscalía, a cargo de Fabián Fernández Garello, se basó en el alegato del fiscal Daniel Vicente, quien firmó el documento elevado a Casación.
El tribunal del caso Lucía Pérez: Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso.
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La resolución judicial del caso de Lucía Pérez fue muy controversial: se desestimaron las acusaciones de abuso sexual y femicidio de la adolescente, además de absolver a Alejandro Maciel, uno de los presuntos encubridores de su asesinato.
Por esto la querella ya había apelado y habían pedido investigar al fiscal.
En el nuevo texto de la Fiscalía General, se apunta a los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, por “realizar un razonamiento que carece de lógica en cuanto se refiere a la correcta apreciación de la prueba y para dictar la sentencia”. Sostienen que el tribunal “incurre en un razonamiento viciado que desemboca en conclusiones contradictorias y arbitrarias como consecuencia de la absurda valoración de las pruebas producidas”.
En el paro nacional de mujeres se reclamó por el femicidio. (Lucía Merle)
¿Cuáles son los principales cuestionamientos? “Las recurrentes observaciones realizadas respecto de lo ocurrido durante la etapa preparatoria ha desviado el sano criterio del Tribunal y lo ha llevado a confundir no sólo el núcleo del proceso sino también la importancia que en el mismo ha tenido la realización de la audiencia oral”, arranca el texto.
Para la Fiscalía General, “la sentencia recurrida reiteradamente incurre en un defecto de razonamiento que se denomina falacia de atinencia, mediante la utilización de argumentos ad hominem, que se concretan a través de valoraciones permanentes respecto de la vida personal de la víctima”.
Movilización en contra del fallo, el pasado 5 de diciembre. (Néstor García)
Esto lo sostienen desde la relación entre las drogas y Lucía, que fue una de las principales polémicas de la resolución del caso. “Esta claro que Lucía sabía lo que había consumidopero lo que nunca tuvo en claro Lucía es que tal consumo podía provocarle la muerte; esa información era la que debieron haberle suministrado los expertos vendedores de drogas Farías y Offidani”, cita el texto.
Y luego concluye: “El consumo de cocaína de alta pureza en el marco de relaciones sexuales sostenidas y violentas ha sido la causa del deceso de Lucía”.
Lucía, vulnerable
Según la Fiscalía General el problema es que hubo diversas situaciones de vulnerabilidad de Lucía. Y estas “no fueron debidamente consideradas”.
Estas son su condición de mujer de Lucía Pérez, su edad y su adicción a las drogas. Estas características provocaron que estuviera en situación de inferioridad y debilidad ante Farías, el proveedor de las drogas.
Por esto explican que el imputado “controló la relación desde su condición de proveedor de estupefacientes, desde su ‘paciencia’ a la espera de que Lucía necesitara más tóxicos, desde su actitud de supuesta ‘generosidad’ al fiarle y reducirle el costo de la misma. El Tribunal equivoca el camino una vez más cuando analiza la diferencia de edades entre Lucía y Farías (16 y 23 años, respectivamente) toda vez que lo reduce a una mera cuestión de diferencia matemática para descartar una situación de desigualdad y superioridad, sin tener en cuenta que en determinadas etapas de la vida de un ser humano siete años de diferencia importan mucho más que una cuestión numérica”.
“Los imputados van a vender drogas a la puerta de un colegio con matrícula de menores, captan a Lucía ofreciendo generosidad en precio y forma de pago, le suministran droga de máxima pureza a una adolescente adicta pero novata, uno de ellos logra que concurra a su domicilio y previo a tal episodio le advierte por medio de un chat que la droga le iba a ‘pegar muy duro’, comienza a mantener relaciones sexuales sostenidas y se produce la muerte de la menor”, reconstruye el texto.
En cuanto al rol de Offidani, mencionan que “conocía plenamente lo que sucedía en el domicilio de Racedo (donde ocurrieron los hechos) y, al menos, aportó asistencia para la comisión del delito”.
Para los fiscales no quedan dudas de que Farías y Offidani gerenciaban “una pyme de la muerte” en referencia a la actividad de venta de droga.
Reclamos en todo el país por Lucía Pérez. (Néstor García)
Las penas que piden
Los fiscales piden condenar a Matías Farías a prisión perpetua por “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes que concurre idealmente con la figura de femicidio”.
En cuanto a Juan Pablo Offidani, solicitan que reciba la pena de 18 años de prisión “por su participación secundaria en el delito de abuso sexual violento con acceso carnal favorecido por el suministro de estupefacientes”.