A días del inicio de la feria judicial, la causa Correo Argentino que toca de cerca a la familia del presidente Mauricio Macri, vuelve a ser noticia. El fiscal Gerardo Pollicita
solicitó ante el juez Ariel Lijo el llamado a indagatoria del ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher en la causa del Correo Argentino, según el dictamen al que accedió Clarín, por el supuesto delito de abuso de autoridad.
En este expediente, la Justicia investiga la deuda de la empresa y la responsabilidad de los funcionarios en la negociación de la firma del Correo con el Estado. Cuando inició la investigación se pidió avanzar sobre el cambio de estrategia de defensa estatal en el marco del trámite del Concurso Preventivo.
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El fiscal determinó que el Estado Nacional “aceptó una propuesta de pago por parte del Correo Argentino SA que en términos objetivos beneficiaba a la empresa en perjuicio del patrimonio público”.
Además, agregó en su dictamen que “los representantes del Estado pasaron de una posición ajustada a derecho y protectora de los intereses pecuniarios que le fueron confinados a una actitud contraria que beneficiaba a la empresa involucrada y perjudicaba los intereses estatales”.
Centro postal internacional del Correo Argentino. Foto: Néstor García.
Hay que recordar que cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (67%) y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los $ 296 millones y entró en concurso de acreedores.
En aquel año Correo, compañía administrada por el Grupo Macri, dejó de pagarle un canon al Estado nacional y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda se inició una causa judicial por el saldo original de $ 296 millones, pero el Gobierno y la empresa llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago.
Desde entonces, los ex dueños del Correo incrementaron su participación en la empresa controlante y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por $ 1.700 millones, para compensar las inversiones realizadas; mientras que el Estado reclamaba los $ 296 millones, con un porcentaje de interés que actualizara la deuda original.
¿De qué trató el acuerdo con el Gobierno? El Grupo Macri debía pagar $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Pero a fin de 2017 la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”.
El argumento de la Fiscal sostenía que dicho acuerdo, implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del Presidente y un perjuicio multimillonario para el Estado.
En esa ocasión, Boquín calculó en más de $ 4.000 millones la pérdida para el Estado que provocaría la “condonación de la deuda” que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, situación que llegaría a los $ 70.000 millones de pérdida en el año 2033.
El fiscal Pollicita investiga en consecuencia al ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, al entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa. También están involucrados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher -representantes de la firma concursada-.
Este jueves, el representante del Ministerio Público fiscal pidió las indagatorias de los imputados bajo la sospecha que “se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa Correo Argentino”.
Para Pollicita hay pruebas suficientes para señalar que Aguad teniendo “a cargo el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado verificó en el expediente concursal del Correo, omitió obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios”. Así, consideró el fiscal que el acuerdo celebrado “ni estuvo cerca de significar para el Estado la celebración de un acuerdo de pago razonable”.
Sobre Aguad recae la acusación de haber “impartido instrucciones” a Mocoroa “en base a las cuales se alcanzó el acuerdo en el proceso concursal” en junio de 2016, por lo cual “el Estado aceptó una propuesta de pago por parte del Correo que en términos objetivos beneficiaba a la empresa en perjuicio del patrimonio público“.
Respecto a Cibils Robirosa y Kleidermacher -presidente y letrado de Correo Argentino SA-, respectivamente, se los señala como partícipes de la operación que otorgaba “un beneficio ilegítimo para la concursada”, ya que con el acuerdo el Estado resignaba una porción inadmisible de la suma adeudada (99,87%).
“Obraron en pleno conocimiento y voluntad del perjuicio al Estado”, indicó Pollicita en el dictamen.
De esta manera, Pollicita se refirió al “carácter abusivo del acuerdo celebrado” señalando que lo aceptado por los funcionarios de Mauricio Macri “implicaba reducir la acreencia del Estado a una suma que atentaba contra la integridad de su crédito”.
El segundo acuerdo -aceptado por el Estado- mejoraba algunos requisitos exigidos en la ley, pero así y todo arrojó un porcentaje de quita de deuda por encima del 98% de su valor real “se pagaría realmente el 1,13% del crédito”, indicó Pollicita.