Una orden cautelar dictada repentinamente por un juez del Tribunal Supremo amenaza con zarandear la vieja política brasileña. En ella, el magistrado Marco Aurélio ordena suspender la prisión de los presos
condenados por la segunda instancia, lo que beneficiará, entre muchos otros, al reo más famoso del país: el popular expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Lula está preso desde el pasado 7 de abril, cuando un tribunal de la segunda instancia le condenó a 12 años por corrupción. Aquella sentencia impidió que Lula, claro favorito en las encuestas, se presentase como candidato a las elecciones que terminó ganando el ultraderechista Jair Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores ya ha exigido su liberación.
El resto son todo interrogantes. Le corresponde a la jueza Carolina Lebbos emitir la orden de liberación del expresidente, o por el contrario ofrecer la primera resistencia a la inesperada sentencia de Marco Aurélio. Sobre el papel ahora mismo no hay obstáculos para que el exmandatario salga lo antes posible e incluso pase la Navidad en libertad, pero por otro lado nada le obliga a darse prisa. Es una situación impredecible, más teniendo en cuenta de que Lebbos tan solo está sustituyendo a la instructora del caso, Gabriela Hardt -quien a su vez acaba heredar el puesto de Sérgio Moro-, durante las vacaciones. Si no se pronuncia a las siete de la tarde, hora de Brasilia (10 de la noche, hora peninsular), la decisión irá para el próximo juez de guardia.
Cada segundo de incertidumbre juega en contra del exmandatario. Está la probable opción de que el ministerio público recurra la orden de Marco Aurelio. Si se da ese caso, que para muchos en Brasilia es tan solo cuestión de tiempo, el presidente del Supremo, Dias Toffoli, podría ordenar que se suspendan los efectos de la orden.
Lula no es el único preso que se podría beneficiar por la orden, pero es de lejos su gran protagonista. Lo lleva siendo desde que su entrada en prisión reabrió un viejo debate que divide al Supremo brasileño en dos desde hace ya tiempo: si ejecutar una pena ya en la segunda instancia es compatible con la Constitución. En 2016 el Tribunal lo cuestionó y solo decidió que sí por 6 votos a 5. Era un punto débil perfecto para la defensa del cada vez más apurado expresidente, y así lo han estado explotando sus abogados. La orden liminar se ha dictado, de hecho, como respuesta a una petición del Partido Comunista de Brasil, un gran aliado del Partido de los Trabajadores. Está previsto que en abril se vuelva a debatir la cuestión.
La Fiscalía General también ha anunciado que estudia qué medidas legales tiene a mano para recurrir la orden cautelar. “La fiscalía general destaca que el inicio del cumplimiento de una pena tras la decisión de una corte de apelación son compatibles con la Constitución, además de garantizar la efectividad del Derecho Penal y contribuir al fin de la impunidad para asegurar la credibilidad de las instituciones, conforme lo votado por el Tribunal Supremo”, ha explicado la presidenta del órgano, Raquel Dodge, en una nota.
