Los representantes del Ministerio Público de la Acusación solicitaron este lunes la pena de 22 años de prisión para la dirigente social Milagro Sala, en el marco
En esta causa está imputada Sala y otros 29 acusados, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, por la supuesta defraudación al Estado, de unos 60 millones de pesos, presuntamente cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, las cuales no se habrían realizado.
Para los demás imputados las penas requeridas por los fiscales Filomena Ortiz, Diego Cussel y Liliana Fernández de Montiel, van desde los dos años con ejecución condicional hasta los 16 años de prisión efectiva.
Durante las últimas seis audiencias los fiscales intentaron develar los esquemas ideados por los integrantes de la “asociación ilícita” que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer dineros de programas habitacionales nacionales, los cuales “fueron utilizados con otros fines”.