En las horas previas al fallo de la Corte Suprema sobre el índice para calcular los haberes jubilatorios, el Gobierno ratificó que buscará quitarle dramatismo a la decisión que se estima
será contra a la postura de la ANSeS y que concentra la expectativa en un alcance acotado para que no genere un efecto automático sobre otros miles de casos.
“Estamos esperando el fallo de la Corte. Da la presunción de que es un fallo muy acotado que no debería tener impacto desde el punto de vista fiscal y económico en las arcas este año y en los próximos”, aseguró Dante Sica, ministro de Producción, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada al término de la reunión de Gabinete.
Como contó Clarín, el Gobierno desestimó un impacto inmediato en la caja de la ANSeS, y en el caso de un pronunciamiento de la Corte sin limitaciones por el índice más favorable a los jubilados haría lo posible por dilatar los pagos al menos hasta 2020.
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“Nosotros pensamos que es un fallo que en principio estaría acotado a un caso individual y eso no cambiaría las condiciones sobre las cuales nos estamos manejando ni impactaría sobre las previsiones que tenemos con respecto al equilibrio presupuestario en los próximos años”, agregó Sica, acompañado por Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- durante la conferencia.
La Corte se pronunciará por el reclamo del jubilado Luis Blanco, pero en el máximo tribunal se acumulan más de 11 mil expedientes y a su vez la decisión podría alcanzar otras 150.000 causas en todo el país. Aun así en el Gobierno se mostraron con la expectativa de que no tendrá efecto automático sobre el resto sino que el cuerpo presidido por Rosenkrantz se inclinaría por un llamado al Congreso para que intervenga, con el argumento de que no es su competencia resolver el índice jubilatorio. El Ejecutivo también espera algún límite de la Corte para no habilitar las demandas de jubilados que ya aceptaron la Reparación Histórica.
En medio de las internas y la desconfianza entre los miembros de la Corte, el Gobierno se movió para mantener como cálculo para las indemnizaciones y pagos de retroactivos a jubilados el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), menos favorable a los demandantes. A las gestiones de integrantes de la llamada mesa judicial del macrismo para torcer la decisión le siguió una resolución para ratificar esa fórmula y argumentar que la de los Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) “atenta” contra la sustentabilidad del sistema.
Esos contactos no lograron los objetivos de máxima del Gobierno, que lo atribuyó a las pujas desatadas luego de que Carlos Rosenkrantz le arrebatara la presidencia a Ricardo Lorenzetti. Los pases de factura provocaron un nuevo escenario con mayor imprevisibilidad y hermetismo entre los miembros de la Corte por los recelos a las filtraciones, aunque en la Casa Rosada estimaron que la llamada “mayoría peronista” le dará la razón al reclamo de Blanco: a Lorenzetti se sumarían Juan Carlos Maqueda -con antecedentes a favor del índice ISBIC- y Horacio Rosatti, el único constitucionalista del cuerpo. Rosenkrantz quedaría en minoría como con la aplicación del 2×1 a los delitos de lesa humanidad y el voto de Elena Highton genera incertidumbre.
En el peor de los casos para el Gobierno, es decir un fallo con amplio alcance, la estrategia oficial sería estirar los pagos. En el Presupuesto 2019 el gasto estimado de la ANSeS para cambios de haberes por Reparación Histórica es de $114.611 millones y de $34.538 millones para retroactivos (unos 40.000 casos). En la Casa Rosada consideraron que no sería necesaria una reasignación de fondos por los plazos de ejecución habituales de los juicios, entre uno y dos años, pese a la exigencia de liquidar las sentencias firmes en 120 días. “Si el fallo tiene efecto automático el problema es financiero y la discusión sería en cuánto tiempo se paga. Va a formar parte del debate del Presupuesto 2020 y es algo que deberán resolver los tres poderes. El sistema previsional está quebrado”, adelantó una fuente encima del conflicto que tendrá afrontar el Gobierno. Aun con las explicaciones técnicas preparadas, el pronunciamiento de la Corte puede implicar otra dificultad para el macrismo en el inicio de la disputa electoral.