El Gobierno y la Conferencia Episcopal confirmaron a través de una resolución el proceso mediante el cual el Estado dejará de financiar con $ 130 millones a la Iglesia Católica para
hacer frente a los sueldos de obispos. A través de un régimen paulatino, las escuelas de diferentes cultos serán agentes recaudadores para recibir donaciones que serán depositadas en los cuentas de cada credo para cubrir la financiación.
Los aportes serán voluntarios y la Iglesia renunciará a la financiación estatal de manera progresiva. No habrá límites para las donaciones.
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Además, se convino que el Estado dará más publicidad a las exenciones impositivas disponibles vigentes para los contribuyentes que realicen contribuciones a sus respectivas iglesias. Hoy los aportantes pueden desgravar Ganancias y solo pueden deducir hasta el 5%, pero son pocos quienes conocen el beneficio. Se trata de una propuesta de la Conferencia Episcopal que el Gobierno aceptó.
También se facilitarán las herramientas para recibir donaciones a través de códigos on line y tarjetas de crédito. En el Ejecutivo destacaron que las nuevas herramientas tecnológicas amplían el universo de donantes.
La resolución entrará en vigor el año próximo. La Iglesia anunció que por ahora solo lo utilizará en algunas escuelas y en algunas diócesis. No hay precisiones específicas sobre el tiempo en el que la Iglesia renunciará al aporte del Estado, que figura en el Presupuesto 2019. En el Ejecutivo anticipan que la Iglesia deberá profesionalizar la administración de sus cuentas.
Desde hace meses el secretario de Culto Alfredo Abriani negocia con representantes de la Conferencia Episcopal, que conduce Oscar Ojea, el mecanismo para que el Estado deje de financiar a la Iglesia de manera directa, al que estaba obligado por la ley 22162, de sostenimiento del culto, sancionada durante la última Dictadura.
Las conversaciones se multiplicaron en el medio de una relación fría y cada vez más tensa entre la Iglesia y el Ejecutivo, que tiene un común denominador: la desconfianza mutua. Participaron de los encuentros y de manera periódica el secretario de Culto y funcionarios de jefatura de Gabinete y Hacienda. Por el lado de la Iglesia estuvo el Obispo Auxiliar de San Isidro, Monseñor Guillermo Caride.
Los representantes eclesiásticos vieron en diferentes expresiones del Gobierno y en la discusión en las redes sociales la mano de Marcos Peña. Incluso lo sugirieron en reuniones protocolares donde participó el jefe de Gabinete. El ministro coordinador fue el encargado de comunicar el 14 de marzo durante su informe a Diputados y ante una pregunta de Carla Carrizo (Evolución) cuál era el monto con el que el Estado financiaba a la Iglesia. No era la primera vez que tenía que contestar esa pregunta, pero nunca antes había tenido tanto eco.
La habilitación del debate sobre la legalización del aborto en el Congreso, que finalmente fue rechazado, solo empeoró el vínculo entre la cúpula eclesiástica y el Gobierno. Importantes funcionarios oficiales ven en cada manifestación de la Iglesia la mano política del papa Francisco, desde el Vaticano.
Abriani, hombre de Peña y segundo de su antecesor en el cargo Santiago de Estada, busca perfilar el área para defender los intereses del Estado. Sus allegados afirman que el vínculo institucional entre las partes mejoró con la llegada de Jorge Faurie a la Cancillería. “(Susana) Malcorra se equivocó en hablar del Papa como un jefe de Estado más”, afirman.
“Es el fruto de un trabajo conjunto entre la Iglesia y los equipos técnicos del Gobierno. La Iglesia propuso una alternativa. Nosotros la evaluamos y generamos el instrumento legal para que lo puedan aplicar”, señaló el secretario de Culto. La medida -destacó- sirve para todas las confesiones.
En tanto, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado saludando la medida y agradeció al Ejecutivo por el espacio de diálogo.