La Justicia investiga a los líderes del sindicato de jaboneros por presuntamente ser los explotadores de una red de prostitución infantil que funcionaba en un predio del gremio ubicado en el
partido bonaerense de La Matanza.
Tras un pedido del fiscal Sebastián Basso, el juez federal de Morón Martín Ramos citó a indagatoria a los secretarios generales del sindicato, Sergio Gabriel Toro y Rubén Alberto Olalla.
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Según la investigación —difundida en el canal Todo Noticias— la red explotaba chicas y adolescentes de entre 14 y 22 años en una quinta ubicada en la localidad de Villa Luzuriaga. Las víctimas eran captadas mediante ofertas laborales engañosas.
En ese sentido, el fiscal Basso explicó que las mujeres eran atraídas al predio mediante avisos en los que les ofrecían trabajar como camareras o empleadas de limpieza y que, una vez en el lugar, eran extorsionadas para que accedieran a prostituirse.
“Les decían que iban a trabajar de camareras y luego, mediante acciones de fuerza y de violencia las introducían en el mundo de las prostitución”, explicó Basso. Según explicó, el hombre que captaba a las víctimas se llama Fernando Pablo Escobar, quien estaba a cargo de la administración del predio y tiene antecedentes por violación.
“La quinta se promocionaba para eventos tanto sociales como sindicales”, explicó Basso. Y agregó: “Además, estaba acondicionada para funcionar como prostíbulo, es indudable que las autoridades del sindicato estaban atrás de esto”.
Según la documentación, Escobar amenazaba con armas a las víctimas y les mostraba fotos de sus familiares bajo la advertencia de que si no accedían a la consigna los mataría.
Según indicó el fiscal, la investigación arrojó que por lo menos 14 chicas y adolescentes fueron víctimas de la red que funcionó desde octubre de 2016 hasta la actualidad.
Mientras que los jefes sindicales Toro y Olalla deberán prestar indagatoria, Escobar quedó detenido junto a Araceli Sandra Di Pascua y Diego Adrián Peralta Núñez, quienes también administraban la quinta.
El sindicato de jaboneros es uno de los que está en la mira del Gobierno debido a su prolongada “falta de actividad” y figura, junto a otros, en una nómina que reúne a sindicatos que no registran actividad hace más de tres años.