La decisión del Ministerio de Seguridad de reformar el protocolo para el uso de armas de fuego en manos de fuerzas federales generó una fuerte polémica en las últimas semanas. Con
argumentos sólidos, especialistas y organismos de Derechos Humanos advirtieron que la nueva norma podía derivar en un aumento de casos de “gatillo fácil”.
Ahora la Justicia federal de Chaco deberá decidir qué postura tomará en un expediente concreto: escudándose en la nueva norma, dos cabos de Prefectura, detenidos en 2016 por matar a un hombre al que confundieron con un narco, pidieron ser sobreseídos. Como uno de ellos, el que disparó, está preso, también solicitó su excarcelación mientras se define la cuestión de fondo.
Víctor Amalio Alegre (50) era chofer del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, José Luis Alberto Aguilar. (Facebook)
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El reclamo fue presentado por el abogado defensor de los cabos Claudio Sánchez y Walter Pérez ante el Tribunal federal de Resistencia. Allí ambos están a punto de enfrentar un juicio por el “homicidio agravado” de Víctor Alegre -chofer y ordenanza de la Cámara Federal local-, a quien mataron frente a su hija, cuando ambos volvían de una tarde de pesca en el auto familiar.
Luego de que Patricia Bullrich pusiera en vigencia y respaldara públicamente el nuevo reglamento que autoriza a los miembros de las fuerzas a disparar ante un “peligro inminente”, el abogado defensor de los prefectos actuó rápido. Entendió que sus clientes estaban comprendidos en esta circunstancia y que, de manera automática, correspondía su sobreseimiento por la aplicación de la “ley más benigna”.
Ante el planteo de la defensa, el fiscal Federico Carniel presentó su dictamen oponiéndose y considerando lo que ya es parte de la polémica general: que ningún reglamento interno está por sobre el Código Penal de la Nación. El protocolo no tiene fuerza legal.
Un caso dramático
El 22 de agosto de 2016, Víctor Alegre (50) pasó la tarde pescando en la Isla del Cerrito a unos 60 kilómetros de Resistencia. A eso de las 18.30 le dijo a su hija Mariela, por entonces de 23 años, que ya era tiempo de volver a la ciudad y ambos se subieron a su Fiat Palio.
Comenzaron el camino de regreso a su casa con el auto lleno de pescado. Iban por la ruta provincial 63 cuando, luego de pasar el puente San Pedro, dos hombres en moto se les pusieron a la par y les hicieron señas para que se detuvieran. Mariela contaría luego que estaban vestido con ropa tipo camuflaje, pero nada que los identificara como prefectos.
Cuando los vio, la chica se asustó, le pidió a su padre que acelerara y tomó su celular para mandarle un mensaje a unos amigos que circulaban detrás advirtiéndoles que dos hombres en moto habían querido robarles. Éstos corroborarían su historia, mensaje de WhatsApp incluido.
A los pocos segundos, los hombres en moto volvieron a aparecer, pero esta vez ambos llevaban armas en sus manos.
Mariela se asustó aun más y su padre intentá dejar la moto atrás. Fue entonces cuando los prefectos comenzaron a dispararle al Palio y una de las balas -salida del arma de Sánchez- le destrozó la aorta a Víctor Alegre.
“Me pegaron un tiro“, llegó decirle el hombre a su hija antes de desmayarse. Ella intentó controlar el auto pero no pudo y chocaron con un árbol.
En medio del shock, la chica se encontró rodeada y uno de los prefectos le gritaba: “¿Dónde está la caja? ¿Dónde esta la caja?“. Ella preguntó: “¿Qué caja?“. Y entonces le respondieron: “La caja con la droga“.
Por lo que pudo reconstruir luego la jueza federal Zunilda Niremperger -que investigó el caso-, Prefectura había montado un operativo de control con el dato de que por la ruta pasaría un cargamento de marihuana. Y como Alegre no se detuvo cuando ellos aparecieron en la moto asumieron que era el narco que buscaban y le dispararon once veces a su auto.
Por esto, Niremperger mandó a juicio a Sánchez y Pérez pero también procesó, aunque sin prisión preventiva, a ocho integrantes más de Prefectura que intentaron tapar todo. Según testigos, cuando se dieron cuenta de su error, los agentes dejaron al lado del Palio de la víctima una bolsa con marihuana.
“Existió un plan de acción conjunta entre los diversos involucrados destinado a encubrir el homicidio de Alegre”, concluyó la jueza.