Los abogados defensores pedirán este miércoles la suspensión de la indagatoria para Franco Macri, el padre del presidente Mauricio Macri, y una postergación para su hermano Gianfranco, quien se encuentra
fuera del país, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. Así lo confirmaron a Clarín fuentes allegadas a la defensa de la familia presidencial.
La defensa de la familia Macri pedirá una suspensión de la indagatoria que recae sobre Franco Macri argumentando que los problemas de salud que sufre desde hace algunos meses le impiden hacer frente al requerimiento del juez Claudio Bonadio, después de evaluarlo con su médico personal.
En tanto, solicitarán la postergación de la indagatoria de Gianfranco Macri ya que se encuentra fuera del país y “no llegará para el horario fijado por la Justicia “, indicaron las fuentes.
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El juez Bonadio analizará los planteos formulados por los abogados de los Macri y no se descarta que intervenga el Cuerpo Médico forense en el caso del padre del Presidente.
La citación para ser indagados como imputados por el presunto pago de sobornos se fijó para este jueves desde las 9. El juez Bonadio especificó en su resolución que los Macri deberán responder por dos concesiones viales.
En esta parte de la investigación, el magistrado se concentra en los contratos que debía controlar el OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales) a cargo de Claudio Uberti. El ex funcionario kirchnerista admitió que se pagaron coimas que iniciaron con una suma mensual de 150.000 dólares, y que se establecía un monto a pagar en función de los contratos.
Para dilucidar cómo funcionaba esa maquinaria, Bonadio decidió llamar a indagatoria a las empresas responsables de seis corredores viales: algunos fueron mencionados por Uberti pero en otros casos, como el de la familia presidencial, no hay referencias directas.
Aunque esta citación causó sorpresa en la Casa Rosada y en la familia de Mauricio Macri, no es la primera vez que el entorno personal del presidente queda involucrado en este expediente, en el que Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de fondos ilegales a empresas contratistas del Estado.
Ángelo Calcaterra, primo de Macri, está procesado como miembro de la asociación ilícita y quedó involucrado a través de su entonces empresa Iecsa SA, que admitió el pago de sobornos al gobierno kirchnerista.
Ahora, la Justicia avanzó sobre el padre y el hermano del Jefe de Estado. La citación responde a “los montos ilegales recaudados por el entonces titular del Occovi (Órgano de Control de Concesiones Viales) y aportados por los titulares de las concesiones viales”, indica la resolución del magistrado.
Según la defensa, Franco Macri no está en condiciones de declarar por su estado de salud.
A los familiares del Presidente también se les imputa haber pagado coimas por el acceso Oeste a través del grupo concesionario Oeste SA. Por eso también se citó a indagatoria para el 14 de diciembre a otros integrantes de la firma como Manuel Socasau, José Luis Giménez Sevilla y Miguel Ángel Gutiérrez.
Como contó Clarín, los planteos centrales que sostendrán los Macri es que “no tenían participación en los directorios desde 2001 ni tomaban decisiones”. Ese año vendieron el 23,3% de Autopistas del Sol SA y solo retuvieron el 10% de las acciones.
Estas acciones, según detallaron, tenían una particularidad: debían ingresar a un fideicomiso por lo cual no podían nombrar directores en la empresa. y eran acciones de poca participación, sólo representaban un voto. Esa explicación técnica posiblemente se replique en el descargo ante la Justicia.
Hubo más. Según fuentes de la empresa, ante la situación económica que la firma atravesó en 2004, se licuaron algunas acciones para a través de ellas realizar pagos a acreedores. Entonces, los Macri se quedaron con el 7% de las acciones de Autopistas del Sol SA. “Aún cuando había un 2% de participación para las asamblea, no se participaba. No se estuvo al frente de ninguna decisión”. Estos planteos serán parte del descargo ante el juez Bonadio.
La sospecha central es que todos fueron miembros de la asociación ilícita que funcionó desde el extinto ministerio de Planificación Federal y que se dedicó a “recaudar sobornos para enriquecerse de forma ilegal y cometer otros ilícitos”, sostuvo en su momento Bonadio.
Esta investigación es parte de la causa principal que se inició con las anotaciones de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, hombre fuerte del extinto Ministerio de Planificación Federal que condujo Julio De Vido durante los 12 años de kirchnerismo.
Fue el juez el que consideró pertinente reestructurar la causa en tres grandes sectores donde, según la instrucción, se aplicaron los cobros de sobornos por parte de ex funcionarios: el que investiga la ruta de fondos ilegales que se pagaron desde la obra pública, el sector energético y el transporte.