Antes de fin de año y por decreto de necesidad y urgencia (DNU) el presidente Mauricio Macri transferirá la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a la órbita del Ministerio del Interior,
que comanda Rogelio Frigerio. La movida -que Clarín anticipó hace un mes atrás- tiene que ver con los reacomodamientos en el Ejecutivo posteriores al “achique” de ministerios decidido en septiembre, como señal de austeridad frente a la crisis y el ajuste. Pero más allá de los organigramas todavía no quedó resuelto el problema principal, que ya se planteó en el Gabinete: el recorte que el organismo sufrió en el Presupuesto, que representa para el año que viene un agujero de $1.200 millones.
Sobre el accionar de la Acumar penden fuertes críticas de la Corte Suprema -expuestas en una audiencia en marzo pasado- por la falta de avance en remediar los problemas ambientales. Además según un informe interno del Gobierno -que este diario reprodujo el 11 de noviembre- en la actual gestión la Acumar aumentó su personal un 50%, pasando a tener 750 empleados, con un aumento de 25% en los cargos jerárquicos y 12 nuevos directivos, además del crecimiento de las contrataciones, todo sin redundar en los resultados esperados.
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Fuentes de la Acumar precisaron que el organismo tiene presupuestados $800 millones para 2019, cuando este año fueron $1.800. Sólo el contrato con el Ceamse por la limpieza de la vera del Riachuelo implica $750 millones, y de sueldos, $250 millones. El gasto anual bordea los $2.000 millones y la asignación presupuestaria es insuficiente.
El pase a Interior busca dar una señal política a la Corte Suprema, que intervino en esta cuestión ambiental y monitorea la Acumar junto a dos jueces federales (Sergio Torres, de Comodoro Py) y Jorge Rodríguez (de Morón). Porque el organismo depende de la Secretaría de Ambiente, uno de los ministerios que bajó de rango. Así volverá a estar “enganchada” a un Ministerio. Frigerio sostendrá en su cargo a la actual presidente de Acumar, Dorina Bonetti, que asumió en julio de 2017. Y pondrá de director ejecutivo “ad honorem” a un funcionario de su riñón, Lucas Figueras, quien está al frente de la Cocamba, una comisión que coordina el área metropolitana entre Nación, Ciudad y Provincia.
Pero además hay motivos operativos: el organismo está conformado también por 14 municipios -la mayoría gobernados por el peronismo-, un radio de acción política de Frigerio. Aparte se trata de coordinar con otras áreas que dependen de Interior para las obras de red de agua potable y saneamiento cloacal, y las soluciones habitacionales para los que viven a la vera del Riachuelo. También desde AySA, empresa estatal que depende de Frigerio, está en marcha la obra más importante con financiamiento del Banco Mundial, para mejorar la prestación del servicio de desagües cloacales con impacto sobre 4,3 millones de habitantes. Aunque el pase a Interior ya está resuelto, todavía no hay definición sobre los fondos para que el organismo pueda funcionar.