Mauricio Macri no dará marcha atrás en su decisión de apoyar el nuevo protocolo de Seguridad que le da más atribuciones a las fuerzas federales para, por ejemplo, disparar sin dar
la voz de alto. Por ahora, el Presidente considera los tuits y las declaraciones de su aliada Elisa Carrió como una mera opinión, una disidencia menor entre los socios de Cambiemos.
“A mí me parece que esta reglamentación firmada por la ministra (Patricia) Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, le había anticipado la jefa de la Coalición Cívica a Clarín.
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Si Macri decidiera dar marcha atrás, como ya hizo en otras oportunidades, deberá buscarse un reemplazante para Patricia Bullrich, uno de los ministros que el presidente más valora. Bullrich, que jugó a fondo en la causa de Santiago Maldonado y garantizó la seguridad del G20 -una de las pocas alegrías recientes que cosechó el oficialismo- no está dispuesta a la que desautoricen de esa manera.
Si el Presidente no cedió ante la presión de Carrió que impulsa un juicio político contra el ministro de Justicia Germán Garavano -que en el Ejecutivo calificaron como más grave- no existen elementos para pensar que podría hacerlo con Bullrich.
El Gobierno abordó la nueva crisis interna desatada por Carrió en la reunión que todos los miércoles Marcos Peña mantiene en Casa Rosada con los ministros. Bullrich, también fue de la partida. A la ministra de Seguridad le pidieron que tendiera un puente con la diputada. Marcos Peña ya lo había intentado él mismo con poco éxito el martes.
El pedido sonaba más que razonable. Son dos viejas conocidas. Bullrich encabezó en 2007 y en 2011 la boleta de diputados nacionales por la Ciudad de la Coalición Cívica. Al tope, como candidata a presidente estaba Carrió.
Pero eso por ahora no sucederá. Bullrich no quiere involucrarse con la furia de Carrió ni legitimar sus ideas. Por ahora mantiene un rígido silenzio stampa.
Por abajo, los laderos de las dos dirigentes se pasan facturas cruzadas. Algunos funcionarios cercanos a Bullrich insisten en que Carrió tiene “celos” de la ministra y que a todos los dirigentes que se independizaron de ella les hizo pagar un precio. Citan como ejemplos de esa didáctica iracunda a Adrián Pérez y a Fernando Iglesias, entre otros.
En el Ejecutivo son reticentes a explayarse demasiado sobre el tema, porque quieren evitar otra escalada dialéctica con su aliada más incómoda. Sí sabían de la negativa de Carrió a la ley de financiamiento electoral que por ahora naufragó en el Congreso. José Torello lo había conversado por teléfono con ella el martes, antes de la oleada de tuits.
En el Gobierno insisten en que el Protocolo no es un invento de Cambiemos ni argentino, sino de las Naciones Unidas.
En la Coalición Cívica no lo ignoran, pero afirman que en este contexto su aplicación es muy peligrosa. Los exegetas de Carrió aseguran que la diputada no solo se refiere a la situación social y económica del país y a los prejuicios instalados; sino también a la seguridad de los policías. “Los delincuentes pesados van a tirar a mansalva, si saben que los policías pueden hacer lo mismo”, razonan.
En el Gobierno y en el ministerio de Seguridad evitaron hablar sobre la virtual adhesión de los distritos de Cambiemos al nuevo protocolo. El ministro bonaerense Cristian Ritondo habló con Bullrich sobre las dificultades de lidiar con policías con nula experiencia en manejo de armas de fuego. Desde la jefatura de Gobierno de la Ciudad se comunicaron con legisladores de la Coalición Cívica para explicitarles que solo habría cambios en cuestiones vinculadas a las manifestaciones y al espacio público. El mendocino y radical Alfredo Cornejo se apuró a decir que su provincia adheriría. Gerardo Morales, de Jujuy, mandó a decir lo contrario. En la Casa Rosada insisten en que cada policía tiene su propio protocolo.
Otros ex correligionarios de Carrió como el tucumano José Cano, criticaron la líder de la CC por no haber agotado las instancias internas de diálogo. Lo hizo paradójicamente a través de una entrevista con El Destape y de un comunicado.
“La postura de Lilita y de la CC-ARI no debe sorprender a nadie. Es histórica. ¿Hay que dar respuesta a la inseguridad? Sí, pero no creemos que haya que tomar medidas apresuradas o inmersas en alguna especulación pragmática electoral”, explicó el vicepresidente de la Legislatura porteña Maximiliano Ferraro a este diario.
Carrió está convencida efectivamente de que el Gobierno especula electoralmente con la política de seguridad. “Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos”, tuiteó este miércoles. Como publicó Clarín, el Gobierno levanta la bandera de la política de Seguridad para utilizarla en la inminente campaña. También recibe los consejos de Jaime Durán Barba.
La aliada de Macri ya se había opuesto en su momento a las leyes impulsadas por (Juan Carlos) Blumberg y al plan integral de Seguridad Gustavo Béliz
La diputada se sintió particularmente ofendida en el mundo de las redes sociales. “Hubo muchos golpes bajos parecidos”, explicaron a tono con las críticas de algunos opositores.
A pesar de la tensión, tanto en la CC a como en el PRO afirman que no hay riesgos de ruptura. Los primeros sí destacan que las diferencias se multiplican. Sin embargo, enseguida bajan el tono: “No nos hace mal tener posturas disidentes. No le hace mal al Presidente ni a Cambiemos”, insisten. Al final, Carrió apostó a tratar el tema en el Congreso, una jugada que las espadas legislativas del oficialismo ni siquiera pueden vislumbrar.