Con cuatro votos sobre cinco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaría hoy la aplicación del beneficio del “2×1“-que contabiliza el doble el tiempo que un acusado estuvo detenido
sin condena- a los acusados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El fallo, que se conocería este mediodía, es el segundo de la secuencia de casos relevantes cuyo tratamiento fue anunciado por el máximo tribunal en un cronograma a cumplir antes de fin de año.
Tras el antecedente del caso “Muiña”, un ex represor a quien el año pasado la Corte votó beneficiar con el 2×1 gracias al voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Horacio Rosatti causando un fuerte rechazo social reflejado en una gran movilización de protesta en las calles y el rápido dictado de una ley “correctiva” por parte del Congreso para excluir de ese beneficio a los acusados por delitos de lesa humanidad, ahora el máximo tribunal debe volver a decidir sobre la cuestión.
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Según pudo saber Clarín, a los votos negativos que ya habían formulado en aquella ocasión los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, se sumarían ahora los de Rosatti y Highton, para quienes -según una argumentación de Rosatti a la que su colega adheriría- la “ley correctiva” votada por el Congreso en una semana tras el escándalo Muiña es suficiente para cubrir el vacío legal que ellos habían señalado en aquella ocasión. Según esta información, solo el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, mantendría su posición en favor de aplicar el 2×1 en esta ocasión.
El expediente que tiene ahora a estudio la Corte también tiene un potente ingrediente político extra. Refiere a un ex agente de inteligencia llamado Rufino Batalla, condenado a 13 años de prisión por su responsabilidad en más de un centenar de casos de víctimas de la dictadura pero sin sentencia firme y recientemente liberado. Entre sus víctimas se encuentra la hija de la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
La ley del 2×1 rebajó en los 90 a la mitad el cómputo de la pena de un condenado que hubiera pasado como procesado más de dos años en prisión preventiva y sin condena cada uno de esos días extra previstos por la ley para el encarcelamiento provisorio. Fue dictada durante el gobierno de Carlos Menem para descomprimir la situación carcelaria y en 2001 fue derogada, pero jamás había sido pensada para los casos de lesa humanidad.