España anunció este sábado que alcanzó un acuerdo con Gran Bretaña sobre Gibraltar y, por lo tanto, votará este domingo a favor del Brexit en la reunión de líderes
de la Unión Europea en Bruselas. Europa y el Reino Unido “han aceptado las exigencias que había marcado España”, aseguró el jefe de gobierno Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa en Madrid.
Sánchez precisó que España “levantará el veto y votará a favor del Brexit” en la cumbre del domingo, al obtener las “garantías suficientes” a su reclamo.
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El conflicto se destrabó luego de que el gobierno británico se mostrara abierto a negociar con España acuerdos sobre el Peñón -un enclave británico ubicado en el sur de la península ibérica- después del Brexit, ya que el artículo 184 del acuerdo de salida “no impone obligaciones respecto al alcance territorial de los acuerdos”.
Así lo expresó el Ejecutivo británico a través de una carta enviada por el embajador del Reino Unido ante la Unión Europea (UE), Tim Barrow, al Consejo Europeo.
“El único propósito del artículo 184 del acuerdo de salida es crear obligaciones de compromiso para la Unión y el Reino Unido para negociar acuerdos que rijan la relación futura”, aclaró el gobierno británico.
Madrid quiere blindar en los textos negociados entre Londres y Bruselas el principio, aceptado por sus socios en abril de 2017, de que, tras el Brexit “ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo” de España.
Después de varios días de contactos entre la Comisión Europea, Madrid y Londres para evitar un eventual aplazamiento de la cumbre, las exigencias de España parecen cumplidas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, envió poco antes del discurso de Sánchez su carta de invitación al encuentro.
Aunque, en términos jurídicos, el visto bueno de España no era necesario en la cumbre del domingo en Bruselas para formalizar el acuerdo del Brexit, políticamente era muy delicado porque el resto de países de la Unión Europea romperían su unidad en la primera separación de uno de sus miembros.
Tras hallar una solución para evitar una frontera para bienes en la isla de Irlanda -otro tema delicado que había bloqueado hasta hace poco las discusiones sobre la implementación de la salida del Reino Unido de la UE-, Gibraltar se había convertido en el último escollo por solventar en la negociación.
El destino de este territorio británico desde 1713 situado en el extremo sur de la península ibérica y cuya soberanía reclama Madrid es una cuestión sensible en España.
El tiempo apremia. Reino Unido pone fin a más de cuatro décadas de pertenencia al proyecto europeo el próximo 29 de marzo y, para entonces, ambas partes necesitan el visto bueno para inciar la ratificación del tratado de retirada y alejar así los temidos nubarrones de un divorcio sin acuerdo.
La premier británica Theresa May logró el 14 de noviembre el aval de su gobierno al texto negociado durante 17 meses con Bruselas, por el que dimitieron varios de sus ministros, y aún debe lograr una mayoría en el Parlamento británico, donde el malestar crece entre sus propias filas y en la oposición.
“Si nos fuéramos de la UE sin un acuerdo, no tengo ninguna duda de que las consecuencias para la economía británica serían muy graves (…) y muy negativas para los puestos de trabajo”, advirtió en la BBC el ministro de Finanzas británico, Philip Hammond, defendiendo el acuerdo negociado.
En este contexto, Theresa May viaja este sábado a Bruselas para seguir las conversaciones con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, encargado de presidir la cumbre.
Una fuente diplomática europea aseguró que este sábado “ya no se trata de negociar nada”. Esta última visita, después de la realizada por la dirigente británica el miércoles, es para “ajustar juntos los mensajes políticos que se darán públicamente el domingo”, agregó.
La UE y Reino Unido se encaminan a ultimar el primer divorcio de un país miembro en la historia del proyecto europeo tras resolver cuestiones como los derechos de los ciudadanos a ambos lados del Canal de la Mancha o la factura que debe abonar Londres.
A partir del 29 de marzo, ambas partes deberán negociar un ambicioso acuerdo comercial durante un período de transición previsto como máximo hasta finales de 2022, y durante el cual Reino Unido seguirá manteniendo el ‘statu quo’ actual pero sin participar en la toma de decisiones en la UE.
Fuente: agencias