Pese a que las disputas internas dentro de Cambiemos se mantienen y las heridas por la pérdida de la banca en el Consejo de la Magistratura parecen estar lejos de cicatrizar,
el Gobierno decidió abrir una negociación con la oposición para consensuar el tratamiento de leyes clave antes de fin de año, por lo que Mauricio Macri podría convocar vía decreto a sesiones extraordinarias para diciembre, algo que hasta hace unos días era descartado por el propio oficialismo.
Así lo indicaron a Clarín altas fuentes oficiales, al tanto de las negociaciones que lleva adelante el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, con los principales interbloques opositores. Es que tanto el Gobierno como el ex ministro bonaerense quieren asegurarse que la decisión de Macri tenga eco en en el Congreso.
Monzó y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quieren tejer un acuerdo amplio para que la medida no implique un revés político en diciembre para un Gobierno que busca asegurarse un fin de año en paz. “El Congreso no puede ser el escenario para que algunos saquen ventaja política”, coinciden en el primer piso de Casa Rosada, la segunda casa del peñismo. Esta duda parecía descartar la posibilidad de que se abriera el Congreso en diciembre, tal como había publicado Clarín días atrás.
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Aunque el listado de temas a tratar forma parte de la negociación, que supervisa el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el Gobierno trazó sus prioridades, entre las que figuran la reforma de Bienes Personales y el debate del proyecto de financiamiento de campañas.
Respecto a este último tema, asoma una posibilidad: si bien en el Senado hay un proyecto que ya obtuvo dictamen y está listo para ser debatido en el recinto, lo que negocia el Gobierno con la oposición en Diputados es la presentación de un nuevo texto, que rescate el grueso de aquel de la Cámara Alta, para que sea aprobado primero en la siempre más espinosa Cámara Baja. Ya se habla de una sesión en la segunda semana de diciembre.
Luego del escándalo de los cuadernos, tanto el oficialismo como un sector amplio de la oposición (peronismo federal y massismo) ven con buenos ojos que se pueda plasmar en la ley que las empresas puedan hacer aportes a las campañas de los partidos políticos. El problema del financiamiento parece no ser, por ahora, preocupación del kirchnerismo, que se resiste a la idea. La llave para destrabar esta iniciativa es darle impulso a la bancarización de todos los aportes, un viejo reclamo de sectores internos de Cambiemos, especialmente de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
Por las dudas de que esto no prospere, el secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez, un ¿ex? lilito, prepara a pedido de Macri distintas opciones para emitir un decreto que limite al máximo la posibilidad de que los aportes se hagan en efectivo. La opción del decreto, sin embargo, ya suma detractores internos porque lo consideran inconstitucional. El debate está abierto.
En cuanto a Bienes Personales, el camino luce allanado porque al tratarse de un impuesto coparticipable, los gobernadores de la oposición tienen interés en que se apruebe. El Gobierno, aunque puede esperar hasta marzo sin sufrir alteraciones a las cuentas públicas, prefiere avanzar ya porque complementa al Presupuesto: prevé recaudar cerca de 13 mil millones de pesos el próximo año, de los cuales el 60% van para las provincias.
Aunque en Balcarce 50 avisan que el listado está abierto, es un hecho que ingresará la Ley de Alquileres, con media sanción del Senado y que ya había quedado pendiente para que sea tratada en el recinto, tras arduas negociaciones.