Después del fin de semana en el que el juez Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello tomaron 12 indagatorias a los detenidos por los ataques con bombas caseros perpetrados
tanto en el cementerio de la Recoleta como en la propiedad del juez Claudio Bonadio, se espera una pericia clave sobre los materiales utilizados para dichos explosivos. Además, según fuentes judiciales, se podrían analizar más de 50 teléfonos secuestrados.
Aunque todo comenzó con dos expedientes abocados a cada uno de los sucesos ocurridos la semana pasada, el juez Ercolini dictó la conexidad de ambos casos, es decir, unificó los mismos y hoy se investiga como una única causa.
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La decisión se tomó bajo la existencia de indicios que le permiten a la Justicia avanzar sobe la hipótesis de la vinculación entre ambos casos. Domicilios donde se habrían confeccionado de los explosivos, un modus operandi similar, la escasa diferencia horaria, la vinculación con espacios anarquistas, los materiales utilizados en los explosivos, son sólo alguna de las pautas que tienen puentes entre las causas.
Con las causas unificadas, los delitos investigados por el juzgado y la fiscalía a cargo de Di Lello son “Intimidación pública, tenencia de explosivos y materiales para su fabricación”, y el artículo 213 bis del Código Penal, que refiere a una especie de “asociación ilícita”. Todo podría conllevar a condenas por encima de los quince años para los acusados.
Como parte de la instrucción, el juez y el fiscal esperan los resultados de una pericia ordenada a la Policía Federal y a la Policía Metropolitana, sobre los explosivos secuestrados. Los investigadores buscan determinar si hay similitudes en los materiales utilizados: una información que ya ingresó al juzgado es que ambas bombas caseras son parecidas.
La hipótesis tomó mayor fuerza el viernes cuando en los tribunales de Comodoro Py, el juez recibió a los jefes policiales vinculados al área de explosivos. Fuentes judiciales explicaron que en esa reunión, de la que participó también el fiscal Di Lello, se planteó que los explosivos guardaban similitudes y que la materia prima “podría ser la misma”.
De hecho se sospecha, que las bombas caseras fueron confeccionadas en la propiedad de la calle Pavón. Justamente Marco Viola, responsable del explosivo que se encontró en la propiedad de Bonadio, tiene como domicilio informal la vivienda del barrio de San Cristóbal.
Para los investigadores se trata en principio de hechos cometidos con cierto nivel rudimentario pero por personas con “alguna conexión grupal”. Se estableció una diferencia entre los explosivos: el colocado en el vehículo del juez Bonadio estaba armado para que “tuviera efecto incendiario porque tenía aerosoles de gas butano”.
Ercolini pidió a los peritos que entreguen los resultados de modo urgente. En paralelo se analiza iniciar un análisis de más de cincuenta teléfonos secuestrados, “para conocer las llamadas salientes previas a los sucesos investigados”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Desde esta semana, comienzan a correr los plazos, ordenatorios, para que el juez Ercolini resuelva la situación procesal de los acusados. Diez permanecen detenidos, mientras que Graciela Franco, un señora que vive en la calle Pavón con sus cinco hijos, y un tío de Marco Viola (éste responsable de dejar el explosivo en la casa de Bonadio), fueron los únicos excarcelados.