El fiscal Gerardo Pollicita analiza un universo de 5.000 cheques secuestrados hace pocas semanas y que constituyen una ruta de dinero que nuclea a Lázaro Báez con el financista Ernesto Clarens.
La fiscalía trabaja en la reconstrucción del destino de esos fondos que se relaciona con la causa que ya fue elevada a juicio oral y donde Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita por haber favorecido al empresario K con contratos viales “plagados de irregularidades” y con “sobreprecios del 65%”.
Bajo el convencimiento de que Lázaro Báez y Ernesto Clarens utilizaron Gotti SA para simular gastos a través de una usinas de facturas truchas, el pasado 17 de octubre se ordenó al Banco Santa Cruz y al Banco Macro que entreguen una serie de cheques que vinculan a dicha empresa con el Grupo Austral, el holding que recibió 52 contratos viales por $ 46.000 millones desde 2004 a 2015.
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Del total de 11.000 cheques secuestrados “un muestrario de un 35% de esos cheques, la mayoría fueron a parar a cuentas de Clarens”, indicaron fuentes judiciales. Pero además, la fiscalía analiza puntualmente un universo de 5.000 cheques que concentran el 80% de los fondos que se movieron en “presuntas maniobras de lavado de dinero”, explicaron a Clarín.
Al momento de pedir el secuestro de la documentación, en un extenso dictamen, el fiscal planteó la maniobra a través de la cual el Grupo Báez, “con el uso de facturas apócrifas”, simuló gastos millonarios. Ante el faltante de un grupo de cheques, se volvió a requerir información al Banco Macro la semana pasada, según confirmaron fuentes judiciales.
Entre las medidas adoptadas por el juez Julián Ercolini, también se ordenó el levantamiento del secreto fiscal de la empresa Juan Felipe Gancedo SA, interviniente en la operatoria por la que desde 2003 a 2010 Lázaro Báez -con la participación del financista Ernesto Clarens, según consignó el fiscal- simuló gastos por más de $ 790 millones.
El análisis que realiza Pollicita busca “alcanzar un grado de conocimiento más exhaustivo acerca del destino del dinero que ingresó a las empresas del Grupo Báez” a través de la obra pública vial que el Estado nacional le garantizaba.
Por esos trabajos en rutas, durante la era K, el empresario santacruceño obtuvo 52 contratos por 46.000 millones de pesos, según determinó la Justicia en la causa sobre la defraudación con la obra pública. Y la sospecha es que “se habría logrado, luego de un complejo proceso de ficticias intermediaciones comerciales y financieras, la libre disposición de una porción importante de esos fondos”.
A la fecha, según confiaron fuentes de la causa a Clarín, se analizaron 5.000 cheques de los cuales ya se detectó una suma de U$S 70 millones que circularon entre el financista Clarens -que vendió tiempo después la financiera Invernes SA-, y Lázaro Báez. Se trata de cheques emitidos por Invernes cuyos fondos terminaron en diferentes cuentas vinculadas al financista, como la de la cooperativa COFICRED entre otras.
Para determinar la ruta de estos fondos, se analizaron bases contables de Austral Construcciones -firma insignia de Báez- y allí “se detectó que importantes sumas de dinero eran canalizadas” desde dicha empresa hasta Gotti SA (administrada por Clarens). Estos gastos “se simularon con fundamento en facturas de servicios presentadas por esta última”, expresó el fiscal Pollicita en el dictamen al que accedió Clarín.
Se procedió al entrecruzamiento entre dichas compras y las ventas totales declaradas por Austral en sus respectivos estados contables, lo que permitió a la fiscalía establecer que de 2.866.994.537,02 pesos que percibió la constructora de Lázaro Báez, un 27,56% fueron “canalizados con facturas apócrifas a través de Gotti”. Esto arroja una cifra de 790.256.010,95 pesos.
Luego del análisis de los estados contables, se determinó que la mayoría de las operaciones “involucran montos multimillonarios (entre 2005 y 2009 el valor del dólar osciló entre 2,93 y 3,80) y permitieron desviar, desde Austral Construcciones hacia Gotti, más de un cuarto de sus ingresos”, indicó Pollicita.
Ernesto Clarens, el financista que el juez Claudio Bonadio aceptó como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción, explicó que él creó Austral Construcciones antes de 2003 como un “reaseguro de Gotti SA, que estaba al borde de la quiebra”. Tiempo después de que Néstor Kirchner asumió como Presidente, Báez le informó a Clarens que se quedaría con el 100% de las acciones de Austral.