El bono compensatorio que negocian el Gobierno, la CGT y los empresarios está al caer. Lo reconocen desde los tres sectores. Ya está definido que se implementará a través de un
Decreto de Necesidad y Urgencia, que el presidente Mauricio Macri firmaría en los próximos días. Este viernes, mientras Dante Sica mantenía reuniones en Tucumán, afirmaban sus laderos en el ministerio de Producción que la norma no llegaría a publicarse en el Boletín Oficial este lunes. Mientras tanto, ya era revisada por los abogados de la secretaría Legal y Técnica de Casa Rosada y de Producción. Las tres partes señalan que no existen grandes diferencias entre el texto final y el borrador que circuló en las últimas horas.
Quién y cómo se beneficia. El decreto incluye a todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Es obligatorio, un detalle que molestó a los empresarios. Quedan excluidos los trabajadores públicos y los privados rurales y de servicio doméstico, que tiene regímenes especiales. Los trabajadores de sociedades del Estado como YPF, Aerolíneas y Télam tampoco están incluidos, precisaron en Producción.
El monto. Lo estipula el artículo 1 del texto. Será una compensación no remunerativa de $5 mil en dos cuotas. La primera, correspondiente al mes de noviembre, se pagará en diciembre. La segunda, correspondiente a enero, se cobrará en febrero. Las empresas que paguen un adicional más alto, deberán incluir aportes y contribuciones. El artículo 2 del decreto establece que el trabajador que cumpla una jornada inferior a la que establece su convenio colectivo recibirá un proporcional por las horas trabajadas.
Flexibilidad para empresas en crisis. Es uno de los puntos que más diferencias provoca entre las partes. El artículo 3 del decreto establece que las empresas en crisis podrían tener más cuotas e incluso rediscutir el monto del bono. El procedimiento para estipular qué empresas acceden a ese beneficio debiera ser especificado en la reglamentación del DNU, confiaron a Clarín fuentes que participan de la negociación. A priori, se supone que una empresa “en crisis” debiera informar al Estado de su condición, que a su vez convocará al sindicato involucrado para discutir el caso y llegar a una negociación consensuada. Las pymes querían que se distinguiera a las empresas pequeñas de las medianas y que hubiera distinciones geográficas, pero esas discriminaciones por ahora quedaron fuera del texto.
¿A cuenta de futuros aumentos? El alcance del artículo 4 también es eje de acaloradas discusiones entre las partes. Establece que el bono formará parte de la cláusula de revisión que se incluyeron en las paritarias de 2018, salvo que gremios y trabajadores acuerden de manera explícita que se pagará aparte. Podría ser reformulado. La CGT no está de acuerdo. Los empresarios afirman que la negociación paritaria funcionó bien y señalan los casos de los sectores que aumentaron por encima del 35%. “Las partes signatarias podrán establecer que las sumas se computen hasta dicho monto, a cuentas de las sumas que pacten en concepto de revisión salarial”, dice el texto.
El capítulo de antidespidos. El artículo 6 establece que las empresas que despidan sin causa justa hasta el 31 de marzo de 2019 deberán informar a la secretaría de Trabajo 10 días antes de ejecutar la cesantía. El Estado arbitrará con las empresas para explorar alternativas. En la CGT, de máxima hubieran querido un régimen antidespidos, como la ley que vetó Macri en 2016 o un compromiso, como el que incumplieron los empresarios. Estos últimos están molestos, pero señalan que puede servir para detectar problemas sectoriales y otorgar Repros exprés.
Críticas cruzadas. En la CGT critican más a los empresarios que al Gobierno. El ala dura, en tanto, cuestiona a la conducción de la central obrera. En la reunión del consejo directivo de la CGT, Julio Piumato (judiciales) se cruzó con José Luis Lingeri (Aysa), porque sostenía que era necesario mantener la amenaza latente de un paro general. En la UIA y en la CAME, en cambio, destacaron que el problema no son los empresarios, sino las gestión de Nicolás Dujovne en el ministerio de Hacienda y del Ejecutivo.