Un legislador, el peronista Marcelo Caponio, presentó un proyecto de ley para prohibir los abortos en Tucumán, incluso en los casos de violaciones de niñas. Más de la mitad de los
legisladores -29 de los 49- firmaron este proyecto que va contra el Código Penal de la Nación, que en su artículo 86 dice que las mujeres pueden interrumpir su embarazo si fueron violadas o su salud o su vida corren peligro.
La iniciativa desató controversias y Clarín recurrió a especialistas. Ante la consulta sobre si es constitucional este proyecto de ley, respondieron:
Andrés Gil Domínguez, constitucionalista y profesor de la UBA.
“No es que prohíbe el aborto en casos de violación, sino que lo que hace es obstruir el acceso de las mujeres a interrumpir el embarazo cuando han sido violadas, algo así como embarrar la cancha”, opinó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “A la mujer violada le impondrán hacerse una ecografía como una herramienta de presión para sensibilizar a la mujer, además de tener que escuchar un montón de información que la mujer, en estado de shock, no tendría por qué hacerlo”, agregó.
¿Es constitucionalmente viable? “El proyecto de ley está intentando, en forma indirecta, legislar sobre materia penal y está prohibido por la Constitución Nacional porque la legislación federal es exclusiva del Congreso de la Nación y está expresamente prohibida para las provincias. Esa iniciativa atenta contra el sistema federal, es como una suerte de secesión en el tema del aborto”, agregó el experto.
Daniel Sabsay, abogado constitucionalista.
Para Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, “si bien es sorprendente que haya un proyecto de ley así, resulta abiertamente inconstitucional porque es un tema penal, como lo indica el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional”, que establece cuáles son las materia sobre las que debe legislar el Congreso, entre ellas el Código Penal. “Las provincias no pueden invadir competencias que le son ajenas. Este proyecto no debería avanzar. Técnicamente es una burrada“.
Pero, ¿el Estado puede permitir este tipo de acciones? “Yo creo que la Nación no puede dejar que suceda -dice Sabsay- porque mañana le pueden sacar la potestad en materia electoral y pasado mañana dictarán un nuevo Código Civil para las provincias”.
Marcela Basterra, presidenta del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires.
Para Marcela Basterra, presidenta del Consejo de la Magistratura, el proyecto de ley “es inconstitucional, primero, porque la Constitución Nacional no establece pero tampoco prohíbe el aborto. Segundo, porque el artículo 86 del Código Penal permite el aborto, desde 1921, en casos de violación o riesgos de salud de la madre. Y tercero, contradice el fallo FAL de la Corte Suprema, que intimó a las provincias a dictar un protocolo de aborto para los hospitales públicos y, además, expresó que no deben judicializarse los casos de aborto ni tampoco es necesario la denuncia”.
Desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA), alineada con grupos celestes, dicen que es un “tema complicado, delicado y complejo en sí, porque está la mirada social y la pastoral. Está claro que esto que sucede en Tucumán no es lo mismo que la ley de despenalización del aborto. Creemos que es importante ver cada caso puntual. Si se trata de una violación intrafamiliar, es probable que vuelva a ocurrir, por lo que consideramos que hay que extremar la protección de la víctima, a quien hay que cuidar desde todo punto de vista”.
Desde ACIERA hacen hincapié “en la mirada jurídica, no religiosa. No es lo mismo un aborto que un aborto realizado con posterioridad a un delito del que se fue víctima. Sentimos que habría que considerar cada caso en particular. Pero partimos de la base de que hay que proteger a las dos vidas”. Dentro de la complejidad del tema, “la Iglesia Evangélica no está a favor ni en contra. Eso sí: siempre esta a favor de la vida, y también de la vida de la mujer. No queremos que se mezcle todo”.