Los números son elocuentes: unos 30.000 usuarios afectados por la cancelación de más de 200 vuelos en aeropuertos del país, producto de cinco gremios de trabajadores aeronáuticos en protesta -dicen ellos-
por incumplimientos salariales de parte del grupo Aerolíneas Argentinas y Austral, compañía que, dicho sea de paso, realizaba este jueves una denuncia ante la Secretaría de Trabajo. La puja es entre dos partes y las cifras son claras, sí. Pero no dicen todo sobre el conflicto: es que los trabajadores, pudiendo elegir la clásica modalidad de la huelga, optaron en cambio por realizar una larga asamblea desde las primeras horas de este jueves. ¿Qué hay detrás de esa decisión?
“Simulan una asamblea, pero es un paro”, lanzó el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Tomás Inchausi, quien opinó que “en vez de formalizar un conflicto salarial válido e ir a través de los canales correspondientes con la empresa y la Secretaría de Trabajo, simulan una asamblea. Pero le escapan a las normas laborales y de ese modo perjudican a los pasajeros y a Aerolíneas Argentinas. De todos modos, la empresa hizo este jueves una denuncia en la Secretaría de Trabajo, asentando una acción directa ilegítima de parte de los trabajadores, por motivos que desconoce”.
Paro y conflicto en Aerolineas Argentinas (Maxi Failla).
Los trabajadores reclaman incumplimientos salariales y, en particular, hay una discordia sobre la cláusula gatillo, acordada si la inflación superaba el 17% de aumento pautado. Unos dicen que como la paritaria vencía el 30 de septiembre, la cláusula gatillo debía incluir la inflación registrada ese mes, por cierto, una de las peores del año, del 6,5%. Los otros dicen que no.
Y adelantaron que les descontarán el día, un tema álgido ya que, explicó el abogado Héctor Omar García, titular de la materia Conflictos Colectivos en la maestría en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA, “una de las razones por las que podrían estar apelando a la asamblea, haciendo una abstracción más allá de este caso puntual, es para evitar el descuento de salario o de presentismo, como quien dice ‘no estamos faltando al trabajo, ejercemos nuestro derecho de reunión”.
Adrián Goldin, profesor emérito de la UBA y de la Universidad de San Andrés, y presidente honorario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo, explicó que “hay que discernir si es una verdadera asamblea o un paro sin aviso previo. Que les descuenten el día va a ser discutible judicialmente, salvo que Aerolíneas sostenga su posición de que hay un paro encubierto. En ese caso correspondería el descuento del salario, salvo que el paro sea por una retención de la prestación de parte del empleador, o sea, si fuera cierto que Aerolíneas incumplió su responsabilidad en lo salarial”.
El ping pong de acusaciones mutuas es complicado. Los trabajadores dicen que el Gobierno y la empresa hacen una suerte de vaciamiento de la aerolínea de bandera, y desde la ANAC aseguran, al revés, que desde 2015 la industria aeronáutica creció en un 40% más de pasajeros. Usando la misma imagen, consideran vacíos de sentido los argumentos gremiales.
Inchausi incluso cree que hay una maniobra ligada a intereses políticos (“y personales”, esbozó) de parte de la dirigencia sindical: “Vos hacés un paro cuando hay un legítimo derecho afectado, cosa que no ocurre en este caso. Por eso no pueden formalizar el reclamo frente a la Secretaría de Trabajo: un día dicen que es un despido en tal aerolínea, otro que es la extranjerización de los cielos… van cambiando el argumento. Lo que hay es una oposición a la política aerocomercial que está democratizando el sector, con más líneas aéreas, pasajes más baratos y más rutas”.
Se llame “asamblea”, “paro” o “asamblea con huelga encubierta”, el conflicto tiene varados a miles de pasajeros. ¿A quién le toca ordenar la situación? García y Goldín fueron claros: al Estado.
Según García, “los actores pueden ser rebeldes, pero la autoridad de aplicación es el Estado. La Secretaría de Trabajo debería convocar urgentemente a la conciliación obligatoria y llamar al cese de las medidas. Hay que apelar a la razonabilidad”.
En contacto con la Secretaría de Trabajo -dependiente ahora del Ministerio de Producción y Trabajo, bajo el mando de Dante Sica-, Clarín consultó si se está evaluando la opción de dictar una conciliación obligatoria. “No por ahora”, aseguraron desde esa cartera.
Según García, “podemos discutir si la asamblea es lícita, pero si paraliza 100 vuelos y se prolonga más allá de un período razonable, en lugar de dos horas, digamos, media jornada, hay que pensar en que hay una medida de fuerza encubierta y que es necesario dictar una conciliación”.
¿Cuál es el período razonable de una asamblea? “No está escrito”, explicó el experto, y aclaró: “El responsable de garantizar los servicios para la comunidad no es el gremio. Este es un derecho constitucional y el garante es el Estado. Si una medida de fuerza se ejerce fuera de algunos límites razonables, eso no lo dice la ley en sí. Lo tiene que decir un juez”.