Los judiciales realizan este jueves un paro nacional de 24 horas en contra de la iniciativa del Gobierno nacional para que jueces y empleados comiencen a tributar el impuesto
La medida fue ratificada por Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, bajo la consigna “el salario no es ganancia” y en rechazo al “impuesto al trabajo”.
La huelga se da luego del último acuerdo firmado por los judiciales, que en lo que va del año acumula un 40% de incremento, y que obligó a la Corte Suprema de Justicia a pedir una partida presupuestaria extra de $ 1605 millones.
El jefe de los judiciales se reunió el martes con la junta de la Federación Argentina de Magistrados para acordar una “estrategia común contra la intención de aplicar el impuesto al trabajo en la Justicia”.
Como resultado del encuentro, la UEJN lanzó una huelga por 24 horas contra la intención de aplicar el gravamen a los empleados del Poder Judicial.
Días atrás, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se expresó a favor de la iniciativa que no llegó a tratarse en la última sesión de Diputados para que los miembros de la Justicia comiencen a pagar Ganancias.
Los ministros de la Corte Suprema, camaristas, jueces, fiscales y empleados, actualmente no no tributan el impuesto. Sin embargo, el Gobierno busca extender su alcance, a partir de un proyecto de ley de la Unión Cívica Radical.
Por una ley, los magistrados nombrados desde 2017 sí tributan el gravamen, aunque existe un amparo presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que fue apelado por el Gobierno. Será la Procuración y luego la Corte quienes diriman el tema.
A fines de 2016, con aval del presidente Mauricio Macri, una ley estableció que el tributo alcance a los integrantes de los poderes judiciales y del Ministerio Público designados a partir del 1° de enero de 2017. Pero el impuesto para los nuevos magistrados y empleados quedó envuelto en una puja por un amparo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, apelado por el Gobierno, por lo que tendrá que pronunciarse la Procuración y luego la Corte Suprema
“Lo que queda por delante y en esa línea está avanzando el radicalismo es ver si esto se extiende al resto de los jueces y de qué modo”, afirmó Garavano. El Congreso ya había anulado la exención en 1996, pero ese año la Corte Suprema dictó una acordada para considerar “inaplicable” la iniciativa.