La historia negra de la importación de buques con gas natural líquido (GNL) se investiga en una causa que es la madre del caso de los cuadernos de las coimas y
donde se cruzan coimas, sobreprecios, peleas internas y el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi. Todo bajo la batuta de Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, quien daba “órdenes a los gritos” sobre qué empresas contratar en forma directa.
Macri estimó que este mecanismo de compra de gas importado le costó al país “20 mil millones de dólares”, al despedir este lunes al buque regasificador Exemplar en un acto simbólico. No dijo que fue una de las causas de la implementación del cepo cambiario, uno de los talones de Aquiles más grandes del plan económico de Cristina Kirchner. Es decir, no solo fue un agujero de la corrupción, sino también una decisión económica estratégica que golpeó mortalmente las reservas del Banco Central. Un peritaje (ahora rechazado) estimó que en toda la operatoria había habido desvíos por 7 mil millones de dólares sobre un costo total de 17 mil millones de dólares, aunque otro de la Auditoría General de la Nación (AGN) ubicó la cifra en menos de 2 mil millones de dólares.
Esas estimaciones no incluyeron “los sobreprecios en los gastos portuarios” cobrados a casi 500 barcos, que según el ex auditor de ENARSA, Marcelo D’Alessio, fue otro “agujero” de las coimas. Incluso, D’Alessio apuntó contra el capitán Pablo García Arrébola, quien luego de su paso por ENARSA como coordinador de la llegada de los buques pasó a coleccionar motos de alta gama, entre otros. García Arrébola negó la acusación.
Con la excusa de la ola de frío que sufrió el país en el 2007 se empezaron a importar buques con gas (congelado a unos 160 grados bajo cero) en vez de sacar el combustible de las reservas de la Patagonia. Cristina Kirchner no quería cortes de luz que tanto mal humor crean en la población sobre todo a la hora de votar y ordenó evitarlo a toda costa. Pero un mecanismo de adjudicación directa para la emergencia se convirtió en una rutina hasta el 2015, es decir evitó una licitación pública internacional. El plan quedó en manos de Baratta -un ex taxista que no sabía nada de energía- y de la empresa estatal ENARSA y así se compró al contado el gas de Qatar o Rusia que trajeron esos casi 500 buques metaneros. Luego para inyectar el gas a la red argentina hacía falta un buque regasificador como el Exemplar.
Al principio, la compra de gas por parte de ENARSA era tan desprolija y se pagada con giros a una cuenta en un banco en Panamá -que el Gobierno y la Justicia aún no pudieron identificar- que Dromi -el “enemigo” ideológico del kirchnerismo apareció como intermediario y llegó a cobrar 6 millones de dólares. El negocio era tan grande que en noviembre de 2013, Axel Kicillof asumió como ministro de Economía y una de sus primeras medidas fue nombrar dirigentes de La Cámpora en ENARSA y comenzar una pulseada con De Vido por el control de las importaciones de GNL. En la causa, quedaron registrados como, por ejemplo, el ex titular de ENARSA, Exequiel Espinosa (hombre de De Vido) responsabilizó a su sucesor y miembro de La Cámpora Juan José Carbajales por los desmanejos en la empresa. Un ex empleado dijo a Clarín -a cambio de mantener su nombre en el anonimato- que vio ingresar a la sede central de ENARSA “empleados de cuevas financieras con bolsos con dólares”. “Se pelearon hasta por las secretarias”, agregó.
En la causa del GNL, Bonadio procesó a fines del 2017 a De Vido, Baratta, y otros funcionarios K, a Dromi y otros empresarios.
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Baratta además fue detenido. Ante esa situación, Hilda Horowitz se presentó ante Bonadio y denunció que su ex pareja y chofer del ex secretario de Coordinación de Planificación, Oscar Centeno, había comprado departamentos y autos y se había enriquecido en forma ilícita. En abril de este año, el periodista del diario La Nación, Diego Cabot, entregó una copia de los cuadernos de Centeno a Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli en esta causa por la compra de buques con GNL. Así el caso cuadernos es un desprendimiento de la primera.
En su procesamiento, el juez dijo que la intervención de Dromi “fue claramente una evidente maniobra de desvío de fondos, pues no se advierte motivo alguno de que el Estado Nacional pague a intermediarios o asesores por las compras de GNL”. Sobre el pago de comisiones a intermediarios y su incidencia en el precio, Bonadio citó a Antonio Brufau, presidente entonces de YPF-Repsol quien llamó la atención por el aumento del costo de los barcos después que le dieron el negocio a ENARSA. El juez dio, entonces, por probado que el Gobierno de Cristina Kirchner pagó sobreprecios por el gas al abonar precios que oscilaron entre 6,31 dólares y 15,84 dólares por BTU, una diferencia muy grande entre uno y otro barco.
Así Bonadio procesó a De Vido, Baratta, Exequiel Omar Espinosa, Walter Rodolfo Fagias -también detenido en la causa de los cuadernos-, Daniel Omar Cameron, Roberto Nicolás Dromi San Martino, José Roberto Dromi, Jorge Alberto Samarín, Jorge Alberto O’Donnell, Alexis Guillermo Zuliani, Rodolfo Alejandro Luchetta, Stella Maris Babilani, Juan José Carbajales y a José Ramón Granero. También a Gastón Ghioni, Nilda Clementina Minutti, Tamara Natalia Pérez Balda, Fernando Omar Salim, Roberto Tulio Vázquez, Alejandra Marcela Tagle, Mónica Edith Bisconti, Karina Noemí González, Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti y Haydée Justa Fernández. Todos en orden al delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta.
Pero unas semanas más tarde la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, no llegó a un acuerdo y tuvo que llamar para desempatar al juez Martín Irurzun (integrante de la Sala II de ese tribunal) para decidir sobre los procesamientos. Bruglia sostenía que los procesamientos y la prisión preventiva ordenada sobre De Vido y Baratta debían continuar. Aunque cuestionó la pericia del ingeniero David Cohen que citó Bonadio como base de su resolución y hablaba de un supuesto desvío de 7 mil millones de dólares. Bruglia planteó que la maniobra defraudatoria existió, y por lo tanto la calificación legal no debía desestimarse.
Pero primó la posición de Ballestero -quien este año renunció tras el escándalo por la liberación de Cristóbal López- y se anularon los procesamientos y detenciones. Sin embargo, Bonadio espera ahora una nueva pericia sobre los sobreprecios para determinar cuánto fue, con precisión, el dinero desviado y decretar nuevos procesamientos.