La fiscal Gabriela Baigún alcanzó un acuerdo con la defensa del detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime para que reconozca su culpa por su enriquecimiento ilícito y a través de
un juicio abreviado sea acusado por una pena menor, se le desapoderen todos los bienes que tiene embargados para ser entregados al Estado y pague una multa de más de 40 millones de pesos por las propiedades que se alcanzaron a vender durante la última década pese a las prohibiciones judiciales.
El acuerdo también alcanza al presunto principal testaferro de Jaime, el también detenido Manuel Vázquez, y a los familiares acusados de haber actuado como “interpósitas personas” para la adquisición de bienes pero no será rubricado y oficializado hasta que el dinero de las multas acordadas con todos ellos no sea depositado en la cuenta bancaria abierta para el Poder Judicial para los movimientos relacionados con esta vieja causa penal, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.
Las fuentes explicaron que, de ser firmado el acuerdo y homologado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 (TOCF6), los bienes cuya propiedad pasará a nombre del Estado serían, entre otros, el avión Lear Jet de paradero actual desconocido, el yate de un millón de dólares usado actualmente por la Prefectura en el patrullaje de ríos y un costoso departamento ubicado sobre la porteña Avenida del Libertador, en el barrio de Retiro.
En cambio, otros bienes que fueron vendidos aún cuando estaban sujetos a embargos, como un hotel en la provincia de Córdoba, un departamento en la playa de Jureré, en la ciudad balnearia brasileña de Florianópolis y varios automóviles, son los que principalmente constituyen la multa acordada a pagar por Jaime y sus allegados.
El acuerdo de culpabilidad a través del sistema de juicio abreviado también alcanzará a otras dos acusaciones que tenía el ex secretario de Transporte por el delito de peculado, ambos relacionados con el uso particular de sendos automóviles asignados a tareas oficiales, y una restante por los subsidios estatales a la línea ferroviaria Belgrano Cargas.
En cambio, Jaime sí comenzará a ser juzgado en los próximos días por presunto delito en la compra de los llamados “trenes chatarra” a España y Portugal durante su gestión. En este caso también deberá sentarse en el banquillo de los acusados el también ya detenido ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido.
El megajuicio por todos estos hechos debió haber comenzado tres semanas atrás pero se suspendió a pedido de la fiscal Baigún a raíz de las negociaciones entabladas con los acusados para que admitan su culpabilidad y resolver el asunto a través de un juicio abreviado. El plazo que se le dio a la Fiscalía vencía este lunes, pero tampoco se dio inicio a la audiencia por la enfermedad de otro de los acusados, el empresario Ignacio Soba Rojo, operado recientemente de cadera.
Según lo que pudo saber Clarín de fuentes judiciales, la pena que pediría la fiscal Baigún a través del juicio abreviado respecto de Jaime y Vázquez rondaría los cuatro años de prisión, con lo que el TOCF6, en caso de homologación deberá unificarla con las que ya recibió por la tragedia de Once, dos casos de dádivas y un intento de sustracción de pruebas durante un allanamiento en Córdoba.
Jaime se encuentra detenido desde abril de 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini por la multiplicidad de causas en su contra -aún cuando no estaba condenado- justamente en el marco de la causa de los “trenes-chatarra” que será la única en definitiva por la que será juzgado en el megajuicio que debía afrontar por estos días por todos estos hechos.