Por defectos formales en la presentación de su defensa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó estudiar los argumentos del ex secretario general de la Presidencia y primer titular
de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, en su intención de apartar al juez federal Claudio Bonadio de una causa en la que lo procesó por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público por gastos del llamado “libro de la década ganada” que jamás se publicó.
Con la firma de sus cinco ministros -Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti-, el máximo tribunal desestimó un recurso de queja que había planteado en defensa de Parrilli el ex fiscal y ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, porque el escrito de apelación no se ajustaba a los parámetros establecidos por la Corte en una acordada de hace nueve años.
“El apelante no ha dado cumplimiento al recaudo establecido en el art. 7°, inc. c del reglamento aprobado por la acordada 4/2007, por lo que corresponde desestimar la presente queja. Por ello, se la desestima”, dice el escueto texto de la decisión adoptada por el tribunal en su última reunión plenaria de ministros de la semana pasada, sin especificar cuál o cuáles de los numerosos requisitos incumplió el defensor de Ibarra.
Entre otras cuestiones, la acordada 4 del 2007 especifica las dimensiones que deben tener los textos de apelación a la Corte, tanto en páginas como en en renglones y tipografía, y las citas que se deben hacer de lo que dijeron los tribunales inferiores y lo que pretende el apelante del máximo tribunal con invocación de las garantías constitucionales afectadas, además de otros requisitos.
Parrilli había recusado a Bonadio por la causal de “enemistad manifiesta”, pero su planteo fue rechazado tanto por el propio magistrado como por los jueces superiores de la Cámara Federal y la Cámara de Casación, por lo que el ex funcionario llegó al máximo tribunal a través de un recurso de queja que ni siquiera fue abierto a estudio por los jueces de la Corte por los incumplimientos de los requisitos formales.
El procesamiento de Parrilli en la causa de “la década ganada” fue confirmado por la Cámara Federal y refiere a la presunta comisión de delito en el pago de unos 800 mil pesos de fondos públicos para un libro que jamás se publicó, según denunciaron en junio de 2016 las nuevas autoridades de la Casa de Moneda asumidas tras el cambio de gobierno de diciembre de 2015.
El actual titular de Casa de Moneda, Marcelo Pose, denunció que durante la gestión de su antecesora en el cargo, Katya Daura, se cobraron 800 mil pesos por la adjudicación para la impresión del libro, que costaría en total unos 8 millones de pesos por la impresión de cien mil ejemplares, pero que la obra jamás se imprimió y la entidad debió afrontar un reclamo de 1,6 millón de pesos de la empresa que almacenó el papel supuestamente destinado a este fin.
“No existió reclamo alguno del cliente. Se dejó papel durante más de tres años con otra empresa, no fue registrado y ninguna actividad se realizó para intentar recuperarlo, con el perjuicio que ahora ello genera, pues se reclama una deuda por su almacenaje durante todo ese tiempo”, se afirmó en la denuncia investigada por Bonadio.
La impresión se licitó -supuestamente direccionada a Casa de Moneda- en 2013, en el marco de una ampliación de los festejos por el Bicentenario, con el objetivo de “construir un sentir de pertenencia, integración y creciente participación de la sociedad toda”, según la resolución 267/10 firmada por Parrilli. Bonadio también procesó a Daura por el mismo hecho.
Parrilli ya había intentado sin éxito apartar a Bonadio de otras causas que tiene en su contra en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, como la de los “cuadernos” de Oscar Centeno, el ex chofer del Ministerio de Planificación que dijo haber sido testigo del pago y cobro de coimas durante los gobiernos kirchneristas.